Un trabajador ha logrado el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta por incontinencia fecal a través de la vía judicial. El INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) le negaba el reconocimiento de este grado de incapacidad.
En este sentido, el abogado laboralista Víctor Arpa, tal y como ha podido constatar Tododisca, afirma que «la Seguridad Social le decía que todavía podía trabajar. Y ahora tiene reconocida una pensión del 100% de su base reguladora».
Incapacidad permanente absoluta por incontinencia fecal
Este ciudadano trabajaba como auxiliar de vuelo. Sin embargo, hace años le reconocieron una pensión de incapacidad permanente total, debido a que «un cáncer anal muy agresivo con cirugías, ostomía y secuelas graves», según expone el abogado Víctor Arpa.

El reconocimiento de una incapacidad permanente conlleva el derecho a cobrar una pensión con una cuantía equivalente al 55% de la base reguladora del trabajador. Si la persona beneficiaria tiene 55 años o más y está en paro, el importe de la pensión puede ser del 75% de la base reguladora.
Con el paso del tiempo, la salud de este ex auxiliar de vuelo empeoró. Al respecto, Víctor Arpa indica que «quedó con incontinencia fecal, problemas de corazón y empezó hemodiálisis tres veces por semana por fallo renal».
Ante esta situación, el trabajador decidió solicitar una revisión de su grado de incapacidad permanente para que el INSS le reconociera una incapacidad permanente absoluta. Hay que tener en cuenta que la incapacidad absoluta ofrece una mayor protección económica a los ciudadanos.
Además, la pensión de incapacidad permanente absoluta, a diferentes de la incapacidad total, está exenta de tributar por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
Logra la incapacidad permanente absoluta en la vía judicial
Tras la denegación por parte del INSS, el trabajador decidió contratar los servicios de un abogado y reclamar por la vía judicial. Así, Víctor Arpa señala «es un cliente del despacho que ha conseguido una pensión del 100% de su base reguladora.
Sobre este caso particular, Arpa expone que «recurrimos ante el juzgado y el juez nos dio la razón. El juez dijo claramente que con su estado no podía desempeñar ninguna actividad laboral».
En concreto, el juez ha reconocido al trabajador una pensión de incapacidad permanente absoluta. Debido a su base reguladora, el ciudadano tendrá derecho a cobrar una pensión contributiva de 2.890 euros al mes.
Este caso vuelve a certificar que son muchos los ciudadanos en España que necesitan acudir a la vía judicial para obtener las prestaciones de incapacidad permanente que realmente les corresponde en función de su situación.
Víctor Arpa ha asegurado en más de una ocasión que «el INSS deniega la mayoría de solicitudes de incapacidad permanente prácticamente de manera automática». Esto supone un grave perjuicio para muchos trabajadores, que ven sus derechos vulnerados.
Por ello, muchos trabajadores deciden seguir luchando por su incapacidad permanente a través de la vía judicial, a pesar de los obstáculos que encuentran al solicitar la pensión por la vía administrativa.




