El Dincat, representante del sector de la discapacidad intelectual y del desarrollo en Cataluña, ha denunciado públicamente «un acto de maltrato institucional» por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña hacia las personas con discapacidad intelectual.
En este sentido, desde Dincat afirman que «el Gobierno de la Generalitat ha decidido recortar derechos fundamentales de más de 10.000 personas con discapacidad intelectual y especiales dificultades, condenándolas a una mayor precariedad y poniendo en riesgo su derecho a trabajar con dignidad, seguridad y con los apoyos que necesitan».
Recorte a los derechos de las personas con discapacidad intelectual
Concretamente, el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña ha decidido reducir más de 5 millones de euros el presupuesto dirigido al personal de apoyo de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS).
🚨 Prou maltractament institucional.
El Govern posa en risc +10.000 llocs de feina de persones amb discapacitat intel·lectual amb retallades i impagaments que ofeguen els CETs.
La inclusió NO es retalla. ✊Signa 👉 https://t.co/nNmVT8Khi0#LaInclusióNoEsRetalla pic.twitter.com/ugO7GJJHbw
— Dincat (@_dincat) November 26, 2025
Esta decisión, para Dincat, es «un ataque directo a la salud, al bienestar y a la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual». Además, consideran «intolerable que quien debe garantizar la inclusión y la igualdad actúe recortando oportunidades y vulnerando derechos».
En los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Cataluña trabajan numerosos profesionales que velan por los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, como psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y pedagogos, entre otros. Su labor es fundamental para garantizar un empleo adaptado, digno y seguro para las personas con discapacidad intelectual.
Así, los representantes del Dincat entienden que este recorte económico no es solo un error, sino «una responsabilidad política de primer orden». Además, añaden que «el Gobierno catalán todavía no ha pagado ni un solo euro de la financiación de 2025, obligando a las entidades a adelantar y endeudarse en 153 millones de euros, con un coste en intereses de más de 3 millones solo para poder pagar salarios».
«Maltrato institucional» hacia las personas con discapacidad
Respecto a esta situación se ha manifestado el director de Dincat, Victor Galmés. Así, afirma que «no es solo un problema de financiación: es una cuestión de justicia social y responsabilidad política«. Del mismo modo, expone que «no aceptaremos más compromisos en falso ni más decisiones que pongan en riesgo la dignidad, los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña».
Este recorte en el presupuesto tiene un impacto en los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña. No obstante, los efectos son directos en los 93 CEEIS sin ánimo de lucro de Dincat.
Con todo ello, desde Dincat advierten que «el modelo está al límite. Si los recortes y el endeudamiento se mantienen, muchas entidades sociales no podrán sostener su actividad y el futuro laboral de miles de personas quedará en peligro inminente».
Debido a esta situación, desde el Dincar han realizado las siguientes reclamaciones con carácter urgente al Gobierno de la Generalitat de Catalunya:
- Revertir de manera inmediata el recorte de 5 millones de euros previsto para 2025.
- Que se haga efectivo con urgencia el pago de la deuda acumulada de 153 millones de euros.
- Que asuma el gasto adicional de 3 millones de euros.
- Realizar una revisión del modelo de inserción sociolaboral.
Desde Dincat concluyen que «este ataque hace retroceder décadas de trabajo y desmantela el principal modelo que hoy garantiza oportunidades reales de inclusión sociolaboral a las personas con discapacidad intelectual en Cataluña».
