La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado el informe parcial ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’. Este informe analiza el nuevo proceso de aplicación del Real Decreto 888/2022, sobre el nuevo baremo de valoración de la discapacidad.
Dicho informe se ha presentado en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. Así, este estudio cuenta con más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades.
Problemas en el nuevo baremo de valoración de la discapacidad
Todos los testimonios recabados por COCEMFE en este informe ponen de manifiesto los graves problemas estructurales que afectan a la calidad, consistencia y correcta aplicación de la normativa con respecto a la valoración de la discapacidad.
Una de las conclusiones que ofrece el estudio es que casi la mitad (48%) de las personas valoradas con el nuevo baremo de discapacidad espera más de un año para obtener la resolución. Además, en Comunidades Autónomas como Galicia y Andalucía, los retrasos en la valoración han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales con respecto al anterior baremo.
Otro aspecto llamativo consiste en las diferencias territoriales detectadas con respecto a la aplicación del baremo de discapacidad. Además, desde COCEMFE afirman que «el estudio refleja una tendencia sostenida a la baja en los grados de discapacidad reconocidos desde la entrada en vigor del baremo».
En este sentido, el porcentaje de personas con una valoración de discapacidad inferior al 33% ha subido del 33% al 44%. Según denuncian desde COCEMFE, este hecho «limita el acceso a derechos, prestaciones y apoyos esenciales».
Además, también se han reducido el número de resoluciones definitivas, del 79% al 69%. Esto supone que un mayor número de expedientes se encuentran sujetos a revisión, provocando mayor incertidumbre e insatisfacción entre las personas valoradas.
Respecto al informe presentado, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga expone que «el nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente».
Recorte de los derechos de las personas con discapacidad
A continuación, desde Tododisca enumeramos algunos datos significativos que recoge el informe ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’:
- El 68% de las personas con discapacidad entiende que el equipo valorador no tiene el conocimiento suficiente sobre su discapacidad. Esta sensación se hace más evidente en casos con enfermedades orgánicas o poco visibles.
- Solo el 11% de las reclamaciones finaliza con un aumento del grado de discapacidad reconocido inicialmente.
- Las reducciones del grado reconocido han aumentado de un 6% a un 13%.
- El 59% de las personas se declara inconforme con todo el proceso de reclamación, debido a su falta de respuesta, lentitud o resoluciones genéricas.
Teniendo en cuenta todos estos datos, desde COCEMFE entienden que se podría desincentivar el uso de este nuevo mecanismo de valorización al percibirse como un «sistema penalizador». Además Queiruga argumenta que «el nuevo procedimiento debería proteger mejor los derechos de las personas, pero lo que vemos es frustración, indefensión y desconfianza».
Como conclusión, desde COCEMFE solicitan al Gobierno de España que se lleven a cabo las medidas oportunas de manera urgente para que se garantice la aplicación justa y homogénea del nuevo baremo de valoración de discapacidad.
La principal reclamación de COCEMFE es que la legislación se cumpla realmente. Es decir, que el tiempo de valoración y resolución de una solicitud de discapacidad tenga una duración máxima de seis meses.
Además, también solicitan un reforzamiento de los equipos de valoración, con profesionales formados en todos los tipos de discapacidad; así como homogeneizar criterios entre las diferentes comunidades autónomas.
