La voz de las personas mayores con discapacidad empieza a ganar el espacio que durante años se les ha negado. En un momento clave para la construcción de un nuevo marco internacional de derechos, el CERMI Estatal ha trasladado a la Fiscalía Especializada la necesidad urgente de que la futura Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores reconozca de manera clara y transversal la realidad de la discapacidad.
Desde una perspectiva centrada en la accesibilidad, la autonomía personal y los apoyos a la toma de decisiones, el encuentro supone un paso relevante para evitar que miles de personas mayores con discapacidad queden invisibilizadas en un instrumento jurídico que aspira a ser histórico. El envejecimiento no puede abordarse sin tener en cuenta la diversidad funcional, ni desde una mirada asistencialista que limite derechos.
El papel de la Fiscalía en la protección de la autonomía y los apoyos
La reunión de trabajo se celebró con la participación de la fiscal de Sala Coordinadora de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores, María José Segarra Crespo, junto al fiscal adscrito David Mayor Fernández. Por parte del CERMI intervino Gregorio Saravia Méndez, delegado de Derechos Humanos y para la Convención.
Durante el diálogo se subrayó el rol estratégico del Ministerio Fiscal como garante del derecho a decidir, especialmente en contextos donde confluyen edad, discapacidad y situaciones de vulnerabilidad. Los fiscales especializados —presentes en todas las fiscalías— impulsan medidas judiciales para que cada persona cuente con los apoyos adecuados, respetando su voluntad y preferencias, conforme al nuevo paradigma de derechos humanos.
Este trabajo se ve reforzado por la Unidad Especializada de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, que coordina la actuación de estos profesionales y promueve su formación continua, un aspecto clave para responder a realidades tan diversas como el deterioro cognitivo, la discapacidad sobrevenida o las barreras de accesibilidad en el entorno.
Personas mayores con discapacidad: una doble discriminación estructural
En el marco de la reunión, el CERMI presentó el programa “También las Personas con Discapacidad Mayores – Por su lugar en la futura Convención de Personas Mayores de la ONU”, una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El proyecto parte de una evidencia incuestionable: las personas mayores con discapacidad sufren una discriminación múltiple, derivada tanto del edadismo como de la discapacidad.
El programa apuesta por un enfoque interseccional que visibilice problemáticas específicas como la falta de accesibilidad en la vivienda, las dificultades de movilidad, el acceso limitado a apoyos para el autocuidado o la exclusión social y digital. Además, busca empoderar a este colectivo para que participe activamente en los espacios donde se deciden las políticas que afectan a su vida, tanto a nivel nacional como internacional.
Antes de cerrar el encuentro, el CERMI insistió en que la futura convención de la Organización de las Naciones Unidas debe alinearse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el marco constitucional español, evitando retrocesos en derechos ya reconocidos.
El CERMI valoró positivamente el espacio de diálogo institucional y reiteró su disposición a seguir colaborando con la Fiscalía para garantizar que las personas mayores con discapacidad puedan envejecer con dignidad, apoyos adecuados y pleno ejercicio de sus derechos, sin que la edad o la discapacidad se conviertan en una barrera más.
