El Defensor del Pueblo reclama al Gobierno de España que adopte las soluciones pertinentes ante el recorte de apoyos a personas con discapacidad intelectual y sus familias. Con esta reivindicación, el Defensor del Pueblo se suma a la petición realizada desde Plena Inclusión España en el año 2024.
Según informan desde Plena Inclusión España, la entrada en vigor de la Ley 8/2021 ha provocado un bloqueo interministerial que está afectando de un modo considerable a la protección social y fiscal de las personas con discapacidad intelectual en España.
Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo han elevado esta queja al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para poner solución a este bloqueo, que está ocasionando un perjuicio para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Recortes en los apoyos para personas con discapacidad intelectual
Esta situación está provocando una problemática significativa en el colectivo de la discapacidad. Al respecto, los representantes de Plena Inclusión manifiestan que «la pérdida de apoyos económicos supone un grave problema para estas personas (muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo) y sus familias, dado el sobrecoste económico que deben asumir con el fin de garantizar la calidad de vida de sus seres queridos con discapacidad».
La Ley 8/2021 tenía como objetivo primordial fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. No obstante, esta nueva legislación ha tenido ciertos efectos colaterales que han sido contraproducentes para los derechos y protección de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Entre otras cosas, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a aquellas personas que ya no se encuentran bajo una «incapacitación judicial técnica». Desde Plena Inclusión aseguran que se ha producido una reducción en la protección de las personas con discapacidad intelectual con respecto al periodo previo de la entrada en vigor de esta nueva norma.
Así, en este mes de enero de 2026, el Defensor del Pueblo se ha hecho eco de las reclamaciones de Plena Inclusión, solicitando una revisión urgente de la Ley del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y la Ley General de la Seguridad Social.
Silencio por parte del Gobierno de España
La presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, se ha manifestado con respecto a esta problemática que genera una merma en la protección de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Sobre esta delicada situación, Laucirica argumenta que «tratamos de evitar que la reforma legal que trae la Ley 8/21, que fue diseñada para ampliar derechos, acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias».
Por el momento, tanto las reivindicaciones de Plena Inclusión como las reclamaciones del Defensor del Pueblo han encontrado el silencio institucional como respuesta por parte del Gobierno de España. Así, han sido rechazados los ajustes necesarios para proteger a las personas con discapacidad intelectual.
Actualmente existe una falta de acuerdo latente entre los diferentes departamentos ministeriales con respecto a esta problemática social. Por ello, la Oficina del Defensor del Pueblo ha ido un paso más allá y ha elevado la reclamación al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el objetivo de obtener una solución.
