Raquel, una mujer española que tenía reconocido un grado de discapacidad del 66% desde hace más de 20 años, ha visto como la Administración le reducía su grado de discapacidad al 33%. Todo ello, sin una mejoría aparente y sin ninguna explicación.
El grado de discapacidad en España se puede revisar por parte de la Administración pertinente. En algunos casos, como le ha ocurrido a Raquel, este grado de discapacidad puede ser rebajado «injustamente».
Del 66% al 33% de discapacidad
Esta ciudadana obtuvo el reconocimiento de un grado de discapacidad por primera vez en 1998. A partir de ese momento, tuvo que pasar varias revisiones. Sin embargo, su estado fue empeorando con el paso de los años. En 2016 alcanzó un grado de discapacidad del 66%.
Tal y como explica la abogada Marina Alaminos a través de sus redes sociales (@marinaalaminos), el cuadro clínico de esta mujer era complejo y crónico. Así, presentaba las siguientes patologías cuyas secuelas iban agravándose con el paso del tiempo:
- Esclerosis Múltiple.
- Osteoartrosis.
- Enfermedad de Crohn.
- Glaucoma.
- Trastorno ansioso-depresivo.
Esta combinación de dolencias le afectaban directamente en su día a día, impidiéndole llevar una vida normalizada. Por todo ello, la Administración llegó a reconocerle un grado de discapacidad del 66%.
Sin embargo, en la última revisión todo cambió. La Administración le redujo el grado de discapacidad reconocido del 66% al 33%. Esto es algo que afecta de manera considerable a la persona en cuestión, ya que le impide acceder a determinados beneficios, servicios y prestaciones.
«De un día para otro, Raquel vio como todo cambiaba. Perdió beneficios, estabilidad y, sobre todo, perdía derechos que llevaba años teniendo reconocidos. No lo entendía y no tenía sentido», expone la abogada Marina Alaminos.
Reclamación para recuperar el grado de discapacidad
Ante la reducción de su grado de discapacidad, Raquel tenía claro que no se quedaría de brazos cruzados. Por ello, decidió ponerse en contacto con el despacho de abogados de Marina Alaminos para que analizaran su situación.
Sobre este asunto, Alaminos explica que «analizamos cómo habían valorado su caso, qué puntuación le habían otorgado y en qué se basaban para reducir su grado. Y entonces lo vimos claro: No tenía sentido, porque su situación no había mejorado».
La mencionada abogada consideró que era posible recuperar el grado de discapacidad del 66% que la Administración le había retirado. Ante esta situación, presentaron una Reclamación Previa que la correspondiente Consejería desestimó. Desde este organismo argumentaban que la Reclamación Previa se había producido fuera de plazo.
Así, Marina Alaminos decidió llevar el caso a la vía judicial para demostrar que la Consejería había cometido un error, que la Reclamación Previa se había producido dentro del plazo legal establecido y que esta ciudadana tenía derecho a mantener el grado de discapacidad del 33%.
Finalmente, el juez determinó que la Consejería había cometido un error y que la situación de Raquel no había mejorado. Por tanto, esta ciudadana recuperó el grado de discapacidad del 66%; aunque para ello tuvo que superar un desagradable proceso. Con la recuperación del 66% de discapacidad, pudo acceder nuevamente a todos los derechos que había perdido por la decisión de la Administración.
