Una furgoneta aparca en una plaza reservada para personas con movilidad reducida. A simple vista, todo parece en regla: hay una tarjeta azul visible tras el parabrisas. Pero esa tarjeta pertenece a una persona que falleció hace meses. Es uno de los fraudes que más se repite con las plazas PMR en España, y contra el que varios ayuntamientos han empezado a actuar con más contundencia.
Un fraude que la Policía ya persigue de cerca
La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Villarreal ha intensificado en los últimos meses el control sobre el uso de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. El balance, recogido por Tododisca, deja un dato revelador: en solo cuatro meses se han tramitado 23 denuncias por el uso indebido de estas tarjetas y de las plazas PMR del municipio.
Del total de actuaciones, 12 correspondieron a tarjetas fotocopiadas, 4 a documentos pertenecientes a personas ya fallecidas, 2 a tarjetas caducadas y 2 más a casos en los que un conductor utilizaba la tarjeta de otra persona para aparcar sin tener derecho a ello. Son infracciones que, más allá de la sanción administrativa, suponen un perjuicio directo para quienes sí necesitan esa plaza para poder moverse con autonomía.
Lo que dice la normativa sobre las plazas PMR
Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida no son una cortesía municipal, sino una obligación recogida en el Boletín Oficial del Estado. La Orden VIV/561/2010, del 11 de marzo, desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, y en su artículo 35 establece que los principales centros de actividad de las ciudades deben disponer de plazas reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida.
La norma fija además una proporción mínima: al menos una de cada cuarenta plazas debe reservarse para personas con movilidad reducida, con independencia del número total de aparcamientos del recinto. También regula sus dimensiones, que deben ser de un mínimo de 5 metros de longitud por 2,20 metros de ancho tanto en las plazas en línea como en las dispuestas en perpendicular o diagonal a la acera.
El otro lado del problema: quien tiene derecho también da explicaciones
El fraude con las tarjetas convive con otro fenómeno señalado por Tododisca: la sospecha injustificada hacia quienes sí tienen derecho a usar estas plazas pero no presentan una discapacidad visible. Es lo que le ocurrió a Rubén Jiménez, obligado a aclarar públicamente que, aunque no tiene movilidad reducida en apariencia, no estaba ocupando una plaza PMR de forma indebida. Su caso refleja hasta qué punto la falta de información sobre qué tarjetas dan derecho a estacionar en estas plazas genera tensiones entre vecinos que, en realidad, comparten el mismo objetivo: que las plazas PMR cumplan su función.
Qué hacer si se detecta un uso indebido
Ante la sospecha de que una plaza PMR se está usando de forma fraudulenta, la recomendación de los cuerpos de policía local es no actuar por cuenta propia. Lo adecuado es avisar a la Policía Local o municipal, que puede requerir la documentación acreditativa in situ y comprobar si la tarjeta corresponde realmente a la persona que viaja en el vehículo. Denunciar estos casos, insisten fuentes municipales, es la única vía para que estas plazas sigan cumpliendo la función para la que fueron diseñadas: garantizar la movilidad de las personas que realmente las necesitan.
