La accesibilidad universal da un paso al frente en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 3 de octubre la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que reforma la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y que incorpora importantes novedades en materia de accesibilidad en la vivienda, el transporte, el patrimonio cultural y la comunicación.
Se trata de una ley que entrará en vigor el 23 de octubre de 2026 y que, según recoge el propio texto, convierte la accesibilidad universal en un derecho que asegura la igualdad, la vida independiente y la participación social plena de las personas con discapacidad.
Un mínimo del 4% de vivienda protegida accesible
Una de las medidas más relevantes afecta a la vivienda. La nueva redacción del artículo 32 establece que al menos un 4% de las viviendas protegidas deberá contar con características constructivas que garanticen su accesibilidad. Las administraciones podrán aumentar este porcentaje en función de las necesidades de cada territorio. Una medida largamente reclamada por las personas con movilidad reducida, que a menudo se topan con escalones, puertas estrechas o baños imposibles de usar en su propio hogar.
La ley también refuerza la obligación de realizar obras de accesibilidad universal en las comunidades de propietarios y prevé ayudas públicas específicas para llevarlas a cabo.
Baños para personas ostomizadas en el transporte
En el ámbito del transporte, las infraestructuras deberán disponer de baños adaptados para personas con ostomía, con espacio suficiente para realizar sus cuidados con privacidad. Esta exigencia se aplicará en las obras de nueva construcción y en las reformas o rehabilitaciones de especial entidad.
La accesibilidad cognitiva, por fin en la ley
La reforma incluye de forma expresa la accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal. Esto se concreta en herramientas como la lectura fácil, los pictogramas y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
Además, se crea el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, con funciones de investigación, formación y promoción.
Patrimonio cultural y ajustes razonables
La ley obliga también a garantizar la accesibilidad universal al patrimonio cultural, incluidos la accesibilidad cognitiva y los ajustes razonables. Respecto a estos últimos, el texto es claro: no realizar un ajuste razonable, siempre que no suponga una carga desproporcionada, constituye discriminación por razón de discapacidad.
El Gobierno deberá elaborar, además, un marco de referencia sobre ajustes razonables con la participación de todos los niveles de la Administración y de los agentes sociales.
Las sanciones irán destinadas a mejorar la accesibilidad
Otra de las novedades afecta al régimen sancionador. La ley fija un plazo específico para resolver y notificar los procedimientos y establece que los importes de las sanciones se destinarán a actuaciones de mejora de la accesibilidad. Asimismo, el preámbulo anuncia un Programa Estatal de Accesibilidad Universal para financiar total o parcialmente iniciativas en este ámbito.
Estas medidas forman parte de la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, una norma que ahora deberá traducirse en cambios reales en las calles, los edificios y los servicios que utilizan a diario millones de personas con discapacidad en España.
