La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia fue la última gran norma que sacó adelante el Gobierno antes de disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026. El Congreso la aprobó definitivamente el 16 de septiembre y el Boletín Oficial del Estado (BOE) la publicó el 3 de octubre como Ley 4/2026.
La ley entrará en vigor el 23 de octubre de 2026, por lo que muchas de sus medidas se aplicarán de inmediato con independencia del resultado electoral. Sin embargo, una parte importante de la reforma necesita desarrollo reglamentario, y ese trabajo le corresponderá al próximo Gobierno.
Lo que se aplica desde el 23 de octubre
Entre las medidas que no dependen de nuevas normas destacan la equivalencia entre el grado de dependencia y el grado de discapacidad, el plazo máximo de tres meses para resolver la dependencia, el fin del plazo suspensivo de la paga del cuidador, la teleasistencia como derecho para todas las personas dependientes o la eliminación de las incompatibilidades estatales entre prestaciones.
Los desarrollos pendientes y sus plazos
La ley fija una serie de plazos que vencerán ya con un nuevo Ejecutivo:
- 23 de abril de 2027: nuevo real decreto de la CUME para su prórroga en casos de gran discapacidad o gran dependencia, y criterios de apoyo a las personas cuidadoras, como el respiro familiar.
- 3 de octubre de 2027: real decreto sobre el empleo personalizado.
- 23 de octubre de 2027: nuevo baremo de valoración de la dependencia, criterios de calidad de la asistencia personal y de los productos de apoyo, y constitución del grupo de trabajo sobre financiación.
- 23 de abril de 2028: proyecto de ley de patrimonios protegidos.
La financiación, la gran incógnita
La reforma incorpora la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación de la dependencia en cada comunidad autónoma. No obstante, su aplicación depende de los criterios de cálculo que fije un grupo de trabajo que todavía debe constituirse. A ello se suman los 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades entre 2026 y 2027 que el Congreso convalidó en julio mediante un real decreto-ley.
Las entidades piden compromisos
Organizaciones como el CERMI o Plena Inclusión ya han trasladado a los partidos sus reivindicaciones de cara a la campaña electoral. Para las personas con discapacidad y sus familias, la clave será que el próximo Gobierno, sea del color que sea, cumpla los plazos que marca la ley y dote al sistema de los recursos necesarios para que los nuevos derechos no se queden en el papel.