Una persona residente en Pamplona, identificada con el nombre ficticio de Raquel, lleva cerca de dos años pendiente de una nueva valoración de su discapacidad por parte del Gobierno de Navarra, según ha denunciado en Navarra.com. Ni siquiera la intervención del Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha resuelto el caso: la Administración se ha limitado a responder que la citará cuando le toque por orden de solicitud.
Raquel ya tenía reconocido un grado de discapacidad superior al 33%. Pidió la revisión porque su movilidad había empeorado hasta necesitar muletas, y después han aparecido otras dolencias que han reducido todavía más su autonomía.
Cuando ha preguntado por su expediente, la explicación ha sido casi siempre la misma: mucha lista de espera, falta de personal y plazos que pueden llegar a los 24 meses. «Me decían que tenían una larga lista de espera y que tranquilamente había que esperar 24 meses», relata.
Esa respuesta le parece inaceptable, sobre todo porque no solicitaba un primer reconocimiento, sino actualizar una discapacidad ya acreditada. Tampoco admite la falta de medios como justificación: «Es que estamos a falta de personal. Perdona, ese no es mi problema», comenta.
Sin tarjeta de aparcamiento y con la compra a domicilio
El retraso no se queda en un trámite pendiente. Sin la nueva valoración, a Raquel le resulta difícil conseguir el reconocimiento de movilidad reducida, un paso que necesita para pedir la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Es decir, no puede contar con una plaza cerca de donde necesita ir, y eso afecta a tareas tan básicas como hacer la compra. Como no puede caminar grandes distancias, la mayoría de las veces recurre a internet: «Yo tengo que hacer prácticamente la compra online para que me la traigan a casa», explica.
Cuando tiene que acudir en persona y no encuentra sitio junto a la entrada, ir hasta la tienda y volver con las bolsas supone un esfuerzo que muchas veces no puede asumir. Al final, la solución queda en manos de su entorno.
«La perjudicada soy yo. Tengo que buscarme la vida entre mi familia y yo».
Raquel también compara la exigencia que recae sobre los ciudadanos con el margen del que dispone la Administración: «Si tú debes dinero a Hacienda y te pasas un día, te atizan. Aquí se pasan seis meses más y no pasa nada».
El Defensor del Pueblo cierra el caso sin una solución
Al comprobar que su solicitud seguía parada, Raquel presentó una queja contra el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. El Defensor del Pueblo la admitió, pidió explicaciones al Ejecutivo foral y le dirigió un recordatorio de deberes legales junto con una recomendación para que atendiera la revisión cuanto antes.
El departamento aceptó el recordatorio de resolver las solicitudes en tiempo y forma y afirmó que seguía trabajando para reducir las listas de espera. Sobre este expediente, en cambio, no concretó ninguna medida: solo indicó que la cita llegaría cuando correspondiera por fecha de solicitud.
Con esa contestación, Patxi Vera ha reconocido en una comunicación oficial consultada por Navarra.com que no puede concluirse que la Administración haya adoptado una medida favorable para solucionar el problema. La institución ha dado por terminada su intervención y ha anunciado que incluirá el expediente en su informe anual al Parlamento de Navarra.
Para Raquel, el resultado muestra el límite de un organismo cuyas recomendaciones no obligan a las administraciones: «No es de obligado cumplimiento, con lo cual da igual», lamenta.
Una espera que condiciona ayudas, empleo y autonomía
Raquel recuerda que este reconocimiento puede abrir la puerta a ayudas, beneficios fiscales, empleo, formación y recursos públicos. Por eso advierte de que el mismo retraso puede tener un impacto muy distinto según la situación económica y personal de cada solicitante.
Su caso, además, no es el único. Tras publicar otro ejemplo de estos retrasos, Navarra.com ha recibido nuevos testimonios, entre ellos el de una valoración que ha tardado algo más de dos años en resolverse.
Con todo, Raquel insiste en que no busca compasión: «Yo no voy dando lástima, pero sí intento luchar por mis derechos que me corresponden». Reclama a los responsables políticos, sean del partido que sean, respuestas reales, y recuerda que la edad, una enfermedad o un accidente pueden colocar a cualquiera en la misma situación.
«¿Quién me indemniza los dos años que he ido esperando por esto? Nadie».