Solo el 2% de las viviendas de Zaragoza tiene un acceso sin barreras desde la calle y más de la mitad de los edificios de Aragón suspende en accesibilidad

Más de la mitad de los edificios residenciales de Aragón arrastra problemas graves de accesibilidad, según el Observatorio de la Rehabilitación de Edificios y de la Vivienda en Aragón (ORVA). Así lo ha recordado Julia Izquierdo, vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Zaragoza (Coaatz), en un desayuno informativo sobre rehabilitación urbana organizado en Zaragoza por El Periódico de Aragón con el impulso de Otis. Cermi Aragón ha aportado un dato todavía más duro: solo el 2% de las viviendas de Zaragoza tiene un recorrido sin barreras desde la calle hasta la puerta de casa.

El encuentro, celebrado este 18 de noviembre de 2026, ha reunido a representantes del Gobierno de Aragón, de los colegios de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas, del movimiento asociativo de la discapacidad y de la propia empresa de ascensores.

Un camino sin obstáculos hasta casa, la gran asignatura pendiente

El dato del Cermi se refiere al llamado itinerario accesible. Es decir, que una persona en silla de ruedas, con andador o con cualquier limitación pueda llegar desde la acera hasta su vivienda sin encontrarse un escalón, una puerta imposible o un rellano sin salida.

José Luis Catalán, secretario general de Cermi Aragón, ha insistido en que adaptar un edificio no consiste únicamente en poner un ascensor o quitar un par de peldaños. La accesibilidad universal, ha explicado, también debe pensar en las personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual o cognitiva, lo que obliga a cuidar la señalización, la iluminación, los avisos visuales y sonoros o que la información se entienda con facilidad.

«Este tipo de mejoras no debe ser algo opcional, sino una necesidad».

En la misma línea, Teresa Navarro, jefa del Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, ha advertido de que hay bloques que ya cuentan con ascensor y siguen siendo inaccesibles por unos pocos peldaños en el portal, o con garajes y piscinas a los que una persona con movilidad reducida no puede llegar.

Hasta tres años desde que se plantea la obra

Que existan soluciones no significa que lleguen rápido. Antonio Javier Calvo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón (CAF), ha calculado que pasan unos dos años desde que una comunidad propone la obra hasta que empieza a montarse el ascensor. Miguel Ángel de la Fuente, director del área Norte de Otis, ha añadido que, una vez firmado el contrato, lo habitual es esperar otro año hasta el inicio de los trabajos.

Durante ese tiempo, según Fernando Avellanas, gerente y secretario técnico del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA), los proyectos se quedan desfasados, se encarecen los materiales y escasean empresas y mano de obra. Izquierdo lo ha resumido diciendo que ver una obra acabada es «casi un milagro». Para Catalán, esa espera tiene un precio humano: el vecino que necesitaba la reforma puede no llegar a disfrutarla.

En el plano técnico, De la Fuente ha explicado que los ascensores actuales apenas necesitan foso ni cuarto de máquinas, lo que permite instalarlos en edificios donde hace unos años era inviable. Donde antes entraban cabinas para cuatro personas, ahora caben de seis, con puertas más amplias. Aun así, ha recalcado que el ascensor no lo resuelve todo y que hay que estudiar el recorrido completo hasta la vivienda.

«No vamos a sustituir un ascensor y dejar tres peldaños».

Qué cambia con la Ley 4/2026

Cabe recordar que la Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el BOE el 3 de octubre y en vigor desde el 23 de octubre, ha reformado el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar la obligación de las comunidades de hacer obras de accesibilidad.

Navarro ha explicado la diferencia práctica: hasta ahora, un vecino con discapacidad podía conseguir un informe que acreditaba que las obras eran obligatorias, pero no tenía forma de exigirlas. Ahora puede acudir a los tribunales.

«Si no tienes un régimen sancionador y una autoridad con poder para obligar, si cumplir esas normas cuesta dinero, no se cumplen».

La reforma también rebaja el listón de las ayudas: la obra pasa a ser obligatoria cuando la subvención cubra el 70% del coste, frente al 75% anterior. Calvo ha opinado que el legislador «se ha quedado un poco corto», aunque ha valorado que el gasto pueda repartirse en más años. Asimismo, la norma da un año para concretar qué se entiende por «ajustes razonables» y convierte las ayudas de urgencia para casos graves en prestaciones que la Administración está obligada a conceder.

Ayudas, planificación y el Aragón rural

Los ponentes han coincidido en que el primer paso de cualquier comunidad debería ser el Libro del Edificio Existente (LEEx), un diagnóstico de conservación, accesibilidad y eficiencia energética que ya se exige para optar a las subvenciones del plan de vivienda. Izquierdo ha defendido que sea un documento vivo que sirva para mantener el edificio y no para «ir tapando agujeros».

Navarro ha confiado en que el final de los fondos europeos no frene las obras, porque el nuevo plan de vivienda también prima la accesibilidad. En cambio, Calvo ha reclamado más ayudas y ha criticado que se repartan por orden de llegada, por lo que ha pedido priorizar a las comunidades con menos recursos. Catalán, por su parte, ha pedido ayudas estables y menos burocracia para acortar los plazos.

Avellanas ha querido poner el foco en los pueblos: según ha señalado, Aragón tiene 730 municipios con viviendas con problemas de accesibilidad y una población cada vez más envejecida. Con todo, el gerente del COAA ha resumido el problema de fondo en una frase:

«La normativa casi siempre va por detrás de las necesidades humanas».