La ONU ha emitido un informe en el que exige a los Estados que exista igualdad en la vida política para las personas con discapacidad. Es decir, que las personas con discapacidad puedan participar de manera igualitaria en el ámbito político. Entre otras cosas, desde la ONU exigen que se establezcan medidas de accesibilidad obligatorias.
En España, por ejemplo, hemos visto durante años como el diputado Pablo Echenique se tenía que situar con su silla de ruedas eléctrica en la zona central del Hemiciclo del Congreso de los Diputados. Esto se debe a que no existen escaños ni asientos reservados para personas con discapacidad.
Accesibilidad obligatoria y reserva de escaños
Este informe elaborado por la ONU recibe el título de ‘Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública’. Así, se recogen los siguientes aspectos claves para garantizar la participación igualitaria de las personas con discapacidad en la política, como por ejemplo:
- Normas de accesibilidad obligatorias.
- Luchar contra el estigma y el capacitismo.
- Impulsar el acceso a la educación política y a itinerarios de liderazgo.
- Reservar escaños para personas con discapacidad.
La Relatora Especial sobre derechos de las personas con discapacidad en la ONU, Heba Hagrass, manifiesta que «existen importantes barreras que coartan las oportunidades de las personas con discapacidad para presentarse a elecciones y desempeñar eficazmente un cargo público en caso de ser elegidas, lo que socava su derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida política y pública».
Por lo general, las personas con discapacidad siguen estando muy poco representadas en la adopción de decisiones políticas en todo el mundo. Todo ello, a pesar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En España existen casos puntuales de personas con discapacidad en la vida política, como Pablo Echenique. También es importante destacar la figura de Mar Galcerán, la primera diputada con síndrome de Down en España en las Cortes de Valencia. Salvo excepciones específicas, las personas con discapacidad cuentan con poco espacio en la vida política.
Sobre las barreras existentes en este ámbito, Heba Hagrass las define como «las restricciones jurídicas discriminatorias relacionadas con la capacidad jurídica, el estigma y el capacitismo, los entornos políticos inaccesibles, la falta de ajustes razonables, los obstáculos financieros y el acceso reducido a la educación política y a itinerarios de liderazgo».
El CERMI solicita medidas en España
Heba Hagrass destaca algunas recomendaciones para impulsar la participación igualitaria de las personas con discapacidad en el ámbito político, como la eliminación de leyes discriminatorias, la aplicación de normas de accesibilidad obligatoria o la financiación pública para afrontar los gastos relacionados con la discapacidad, entre otras medidas.
Otro aspecto clave se centra en la reserva de escaños y cuotas para personas con discapacidad en las listas electorales. En este sentido, desde la ONU instan a los Estados a que los escaños reservados en las asambleas legislativas tengan en cuenta a personas con diferentes tipos de discapacidad.
El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha acogido de manera positiva este informe emitido por la ONU en relación al impulso de las personas con discapacidad en la vida política.
Así, desde el CERMI han realizado un llamamiento a los poderes públicos españoles con el objetivo de que «analicen las conclusiones del informe y adopten medidas concretas que aseguren la igualdad real de las personas con discapacidad en la vida política, eliminando cualquier barrera normativa, económica o actitudinal que limite su derecho a representar y ser representadas».
