En León, las personas con discapacidad o movilidad reducida «nos enfrentamos a un muro institucional». Esa es la sensación con la que Agus Fernández, integrante de sendos colectivos, define el incumplimiento de la Ley por parte del Ayuntamiento de la ciudad en relación con el número de plazas de aparcamiento PMR.
«La movilidad y la autonomía son derechos fundamentales», indica este usuario de silla de ruedas, una idea que no parece coincidir con el comportamiento que ha adoptado el Consistorio leonés ante la falta de estas zonas de aparcamiento reservadas: «Nos está negando nuestro derecho a aparcar y desplazarnos en igualdad de condiciones».
A través de redes sociales, Fernández ha compartido el malestar del colectivo de la discapacidad y ha afirmado que «nos faltan 125 plazas de movilidad reducida». Según ha precisado este hombre, desde el Ayuntamiento les invitan a aparcar en zonas ORA -Ordenanza Reguladora de Aparcamiento-, alegando que «para nosotros ‘es gratis'».
La denuncia por falta de plazas PMR en León
La zona de aparcamientos PMR es un espacio reservado para personas con movilidad reducida o discapacidad que, bajo la titularidad de una tarjeta que así lo acredite, tienen el derecho de estacionar ahí sus vehículos. No es un capricho, sino una necesidad para su calidad de vida que no se debe vulnerar.
En ese sentido, de acuerdo con la Ley 1056/2014 (Art.5) y la Ordenanza Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento (Art 7.3), «debe existir 1 plaza de aparcamiento PMR por cada 40 estacionamientos o fracción«, indica Agus Fernández. No obstante, este mismo ciudadano detalla que «la realidad en nuestras calles es muy distinta».
Tal y como apostilla Fernández, el la ciudad de León existe «un déficit de 125 plazas PMR«, un dato que, como él mismo asegura, está reconocido por el Alcalde en una reunión que mantuvieron el 2 de septiembre de 2025: «El Ayuntamiento lo sabe, pero se niega a actuar«, lamenta Agustín.
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De hecho, detalla que hace más de medio año que se solicitó «formalmente» el cumplimiento de la legislación para aprobar, «como primer paso urgente, las 30 plazas faltantes en la zona centro«. Sin embargo, denuncia que la respuesta del equipo de Gobierno fue «una negativa rotunda a cumplir la normativa», ligada a «una grave falta de empatía y desconocimiento de nuestra realidad».
Ya son más de 250 personas afectadas por la falta de plazas de aparcamiento PMR en León y que, por tanto, están viendo vulnerado uno de sus principales derechos como personas con discapacidad o movilidad reducida. «La gratuidad no es accesibilidad«, indican desde sendos colectivos respecto a la actitud del Ayuntamiento.
La respuesta del Ayuntamiento
Ante este manifiesto que abandera Agus Fernández ante la falta de zonas de aparcamiento PMR, el Ayuntamiento de León le traslada que, para los integrantes de este colectivo, la zona O.R.A. es «gratis». Sin embargo, explican que estas zonas no cumplen los estándares que permitan la subida y bajada del vehículo: «Quieren hacer caja con nuestros derechos».
«Las plazas de aparcamiento estándar no son practicables para muchas personas con movilidad reducida«, insiste Fernández. De hecho, «las personas usuarias de silla de ruedas necesitan dimensiones mayores, reguladas por ley, para poder abrir las puertas y realizar el embarque y desembarque con seguridad».
Además, al no estar reservadas, «se nos obliga a competir por un aparcamiento escaso con el resto de la población. Necesitamos espacio adaptado, no solo aparcar gratis», denuncia este hombre con discapacidad. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento también invitan a hacer uso de «zonas de carga y descarga«.
Como respuesta, el colectivo de la movilidad reducida se dirige al Ayuntamiento y expone que «el tiempo máximo permitido en estas zonas es de 15 minutos» y que «para una persona con movilidad reducida, este tiempo es absolutamente insuficiente, tildando la propuesta como «irreal y humillante«.
Fernández concluye con que «los derechos no se negocian, se cumplen». Y que «la única solución real, digna y legal es la creación de las plazas PMR que nos corresponden por ley». No se trata de un favor, «estamos exigiendo el cumplimiento de una normativa diseñada para garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal«, estima.
