El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la V Convocatoria del Programa Reina Letizia para la Inclusión, que concederá ayudas de hasta 10.000 euros por persona a estudiantes con discapacidad y que podrá solicitarse hasta el 23 de julio de 2026. El programa, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad, está dotado con 5.225.550 euros, una cantidad que podría elevarse hasta los 7 millones gracias a una partida adicional prevista de casi 2 millones, según la información publicada el pasado 22 de junio.
Cabe recordar que estas subvenciones buscan que la discapacidad no condicione la trayectoria educativa de nadie. Se dirigen a sufragar los gastos formativos asumidos durante el curso 2025-2026 por personas con discapacidad que cursen enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias.
Qué estudios cubren las ayudas
El programa está pensado para un abanico amplio de itinerarios formativos. En concreto, podrán acceder a las ayudas las personas con discapacidad que estén cursando:
- Bachillerato y Formación Profesional.
- Enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas.
- Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional.
- Enseñanzas universitarias del sistema español.
- Cursos impartidos por organizaciones sociales.
- Preparación de oposiciones para el acceso al empleo público.
En qué se puede gastar el dinero
Las subvenciones no cubren únicamente matrículas o tasas, sino los apoyos que hacen posible estudiar en igualdad de condiciones. Es decir, financian recursos personales y terapéuticos que muchas veces quedan fuera de las becas convencionales.
Entre los conceptos subvencionables figuran la contratación de asistentes personales o personal de apoyo, intérpretes de lengua de signos, guías intérpretes para personas sordociegas y productos de apoyo para la mejora educativa. Asimismo, las ayudas cubren servicios de fisioterapia, logopedia y otros refuerzos educativos o de autonomía, considerados imprescindibles para un desarrollo formativo que atienda las necesidades terapéuticas de cada estudiante.
Criterios que priorizan a quien más lo necesita
La convocatoria incorpora criterios de valoración que dan ventaja a los colectivos con mayores dificultades de acceso a la formación. En cambio de aplicar un baremo único, el programa pondera situaciones de especial vulnerabilidad.
Se prioriza así a las mujeres con discapacidad —y de forma destacada a las víctimas de violencia machista—, a las personas que viven en entornos rurales, a quienes presentan capacidad intelectual límite o grandes necesidades de apoyo, a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y a las afectadas por polio o síndrome postpolio.
Qué busca el Gobierno con esta convocatoria
El Ministerio enmarca el programa en políticas públicas como la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, el Plan de Acción de la Estrategia de Autismo y las recomendaciones de la Comisión de Personas Expertas en Polio. El objetivo, según el departamento, es acelerar la igualdad y reparar cualquier déficit que genere discriminación.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido que la iniciativa «busca que ninguna persona con discapacidad vea limitados sus derechos y oportunidades». El titular del ramo ha enmarcado la medida en una idea de progreso que va más allá de lo económico:
«El progreso de un país debe medirse también en clave de derechos sociales e inclusión. Un gobierno no puede permanecer impasible ante las desigualdades o la discriminación, y tiene la responsabilidad de actuar para corregirlas y garantizar la plena participación de toda la ciudadanía.»
Dónde resolver dudas antes de solicitar la ayuda
El programa cuenta con la colaboración y asistencia técnica de la Fundación ONCE, que ha habilitado un teléfono de atención (917 939 722) y un correo electrónico (infoayudasrpd@fundaciononce.es) para resolver las consultas de las personas solicitantes. Con el plazo abierto hasta el 23 de julio, los interesados disponen de poco más de un mes para reunir la documentación y presentar la solicitud a través del procedimiento habilitado en la convocatoria publicada en el BOE.