Impulsa Igualdad ha reunido este martes 23 de junio de 2026 en Madrid a las principales confederaciones del sector de la discapacidad para advertir de que las entidades sociales no llegan a cubrir ni el 20 % de la demanda de transporte adaptado en España. Así lo ha denunciado la organización durante la jornada Movilidad accesible: barreras, derechos y soluciones para personas con discapacidad, en la que han participado Autismo España, ASPACE, Plena Inclusión y la Fundación del Lesionado Medular, entre otras entidades.
Cabe recordar que estas confederaciones llevan años actuando como red de transporte de última instancia para miles de personas con discapacidad, supliendo con furgonetas adaptadas las carencias del sistema público y privado. La jornada ha situado ese papel en el centro del debate y lo ha definido como un problema estructural y de derechos, no como una solución sostenible en el tiempo.
Un déficit que afecta a todos los modos de transporte
El presidente de Impulsa Igualdad, Francisco Sardón Peláez, ha abierto la jornada subrayando la amplitud del problema, que va mucho más allá del coche o el autobús urbano.
Sardón ha precisado que el déficit no afecta solo a quienes utilizan silla de ruedas, sino también a las personas que se apoyan en bastones o andadores y a quienes tienen necesidades de accesibilidad cognitiva. En todos los casos, ha señalado, la falta de soluciones recae históricamente sobre las propias entidades: «muchos de estos transportes los están cubriendo las entidades sociales con furgonetas adaptadas, pero en los últimos años no estamos llegando a financiación para cubrir ni siquiera el 20 % de la demanda», ha advertido.
«Hay un grave déficit en el transporte público y privado para las personas con discapacidad, especialmente para las personas usuarias de sillas de ruedas. Estamos hablando del transporte a la demanda, de los eurotaxis, de los aviones, de los trenes, de los autobuses; en definitiva, del transporte en general».
La financiación para vehículos adaptados, en punto muerto
La segunda parte de la jornada, centrada en propuestas y subvención del transporte adaptado, ha reunido a varios responsables del sector bajo la moderación de Ignacio Osorio de Rebellón Villar, director general de Impulsa Igualdad. Intervinieron:
- Susana Martín, directora gerente de la Fundación del Lesionado Medular.
- Juan Paulino Redondo Berriatua, de la Fundación AENILCE (Confederación ASPACE).
- Jesús García Lorente, director general de la Confederación Autismo España.
- Enrique Galván Lamet, director de la Confederación Plena Inclusión.
El debate ha puesto en evidencia que las entidades sociales se enfrentan hoy a un muro de financiación que les impide renovar o ampliar sus flotas de vehículos adaptados. Es decir: la red que durante años ha sostenido la movilidad de muchas personas con discapacidad corre el riesgo de quedarse obsoleta, sin que el sistema general asuma esa responsabilidad. Para los participantes, ese modelo «no debería ser la respuesta estructural a un problema de derechos».
«La movilidad no es un servicio, es un derecho»
El diagnóstico de situación ha corrido a cargo de Myriam Arnaiz Caballero, directora de Innovación Social de Impulsa Igualdad, que ha resumido en una frase la contradicción que ha vertebrado todo el encuentro.
«La movilidad no es un servicio, es un derecho. El derecho existe, pero la realidad desmonta cada día ese marco normativo».
La movilidad accesible está reconocida en el marco normativo español y en los compromisos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad . A pesar de ello, según el diagnóstico expuesto en la jornada, esa garantía legal no se traduce en la realidad cotidiana de quienes necesitan desplazarse para trabajar, estudiar o acudir al médico. Puedes consultar más información sobre los derechos y prestaciones reconocidos a las personas con discapacidad en nuestra sección especializada.
Qué pasará a continuación
Con esta jornada, Impulsa Igualdad da inicio a un proceso de construcción colectiva de propuestas con el que pretende cerrar la brecha entre la legislación vigente y la experiencia real de los usuarios. La organización reclama políticas públicas estables que garanticen la financiación del transporte adaptado y dejen de delegar esa cobertura en las entidades sociales.
«Queremos evidenciar este problema y empezar a construir soluciones de presente y de futuro», ha concluido Sardón.
