La reforma de la Ley 39/2006 de Dependencia y de la ley de discapacidad se aprobó en el Pleno del Congreso el 14 de julio de 2026 y sigue en tramitación en el Senado, sin publicación en el BOE. Mientras la Cámara Alta decide, las entidades del sector han puesto tres exigencias sobre la mesa: un copago que no expulse a nadie del sistema, financiación estable y una salida para las 255.450 personas que siguen en lista de espera, según el recuento de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
«Un copago justo, que deje de ser confiscatorio»
La reclamación más repetida es la del copago, es decir, la parte del coste del servicio que paga la propia persona dependiente. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, lo planteó de forma expresa en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, el 11 de diciembre de 2025, cuando pidió regular un copago «justo, que no expulse de las prestaciones y servicios a las personas en situación de dependencia y que deje de ser confiscatorio».
En esa misma comparecencia Pérez Bueno condicionó el éxito de todo el cambio normativo al dinero que lo acompañe. Cabe recordar su advertencia:
«Sin una aportación extraordinaria que se mantenga a medio y largo plazo, esta reforma del sistema de autonomía y dependencia no cuajará.»
El propio presidente del CERMI valoró después el resultado en términos positivos. El 13 de julio, un día antes de la votación final en el Congreso, señaló que es «una ley buena porque todo lo que tiene es positivo, favorece la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad».
Plena inclusión: que las familias queden fuera de la aportación
Enrique Galván, director de Plena inclusión España, fijó la posición de la confederación en un comunicado difundido el 15 de julio de 2026, recogido por la agencia Servimedia. Galván pidió que las familias de personas con discapacidad «queden exentas de esta aportación económica», con un argumento de fondo: esas familias «soportan mayores gastos» que el resto a lo largo de toda la vida.
La entidad añadió una segunda petición que no aparece en los titulares pero que condiciona la calidad del servicio: «mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector de los cuidados, mediante salarios más dignos, empleo estable y un mayor reconocimiento social». Es decir, sin plantilla suficiente y bien pagada, la ampliación de prestaciones se queda en el papel.
255.450 personas esperando
José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicó su valoración el 14 de julio de 2026, el mismo día del voto en el Congreso. Habló de una «extraordinaria noticia» que beneficiará a dos millones de personas, pero puso el foco en quienes todavía no han entrado: «La prioridad deben ser las 255.450 personas que se encuentran en las listas de espera». Ramírez reclamó además que «el Estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad como prioridad institucional».
La asociación destaca tres puntos concretos del texto: que el Estado asuma el 50 % del gasto del sistema, que se simplifiquen los trámites y que la teleasistencia pase a ser universal por ley.
Qué queda por decidir
El Senado puede aprobar el texto tal cual llegó o introducir enmiendas, en cuyo caso volvería al Congreso. La financiación ya se ha movido por la vía del decreto: desde el 1 de julio de 2026 el nivel mínimo de protección paga 660 euros al mes en el grado III, 260 euros en el grado II y 90 euros en el grado I, con 2.097 millones comprometidos para este ejercicio.
Con todo, el problema que las tres entidades repiten es el mismo: la puerta de entrada. La tramitación de un expediente de dependencia tarda de media 314 días, un retraso que ha llevado a colectivos y personas conocidas a organizarse, como la plataforma impulsada por la actriz Assumpta Serna. Mientras el Senado no vote, ninguna de las tres peticiones tiene efectos jurídicos.
Fuente: Imserso.
