La Comisión de Derechos Sociales del Congreso aprobó este pasado jueves el dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, un texto que amplía derechos y prestaciones, reduce la burocracia y, por primera vez, obliga al Estado a financiar al menos el 50 % del sistema de dependencia. La votación salió adelante con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y Junts, mientras que PP y Vox se posicionaron en contra. El texto llegará ahora al Pleno del Congreso el próximo 14 de julio para su votación definitiva, junto a un decreto ley que contempla una inversión de 6.200 millones de euros entre 2025 y 2027 para reforzar la financiación del sistema.
Cabe recordar que la reforma llevaba meses en tramitación parlamentaria y que su aprobación definitiva marcará un antes y un después en la manera en que se financian y gestionan las prestaciones para las personas dependientes y con discapacidad en España.
Qué cambia la reforma
El texto introduce varias novedades destinadas a reducir la burocracia y ampliar los derechos de las personas dependientes y con discapacidad:
- Reconoce la accesibilidad universal como un derecho.
- Permite compatibilizar la prestación por dependencia con un empleo.
- Incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal.
- Adapta la legislación al artículo 49 de la Constitución.
- Establece el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33 % para quienes ya tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia.
- Amplía las prestaciones y servicios, que dejarán de centrarse solo en los cuidados personales.
- Extiende la figura del cuidador más allá del ámbito familiar.
El Estado asume el 50 % de la financiación
Una de las enmiendas incorporadas durante el trámite en comisión establece que el Estado financie el 50 % del sistema de dependencia, un compromiso que hasta ahora no figuraba expresamente en la ley. Desde el Ministerio de Derechos Sociales consideran que esta modificación «blinda el sistema» al convertir ese porcentaje en una obligación legal.
El departamento, además, ha calificado de «bulo» las acusaciones de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP sobre una supuesta deuda estatal en materia de dependencia, recordando que ese porcentaje de financiación no estaba recogido hasta ahora en la normativa vigente.
Por qué votaron en contra PP y Vox
Los populares justifican su rechazo por la falta de una memoria económica que garantice la financiación futura de las nuevas prestaciones. El diputado del PP Enrique Belda acusó al Gobierno de utilizar a las personas con discapacidad para evitar dar explicaciones sobre la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado.
«Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo»
Belda advirtió además de que los 6.200 millones de euros previstos «no llegarán para pagar lo que se debe».
Por su parte, Vox también cuestionó la reforma al considerar que amplía derechos sin garantizar su financiación. La diputada Blanca Armario rechazó que pueda calificarse como una «reforma estructural» mientras no se resuelva el problema económico del sistema.
Junts y PNV, apoyo con matices
Aunque Junts respaldó el dictamen, advirtió de que su apoyo definitivo en el Pleno dependerá de que el Estado garantice de forma efectiva esa corresponsabilidad financiera del 50 %. Su portavoz en la comisión, Pilar Calvo, denunció que comunidades como Cataluña soportan desde hace años un importante esfuerzo económico al asumir entre el 70 % y el 80 % del coste, frente al 20 % o 30 % aportado por el Estado.
En la misma línea, la diputada del PNV, Maribel Vaquero, recordó que su formación presentó inicialmente una enmienda a la totalidad por el «difícil encaje» competencial de la norma, aunque finalmente la retiró tras el compromiso del Gobierno de respetar las competencias autonómicas.
Los socios del Gobierno celebran el avance
Desde EH Bildu, la diputada Isabel Pozueta celebró que la reforma avance hacia un sistema «compatible y flexible», capaz de adaptarse a la diversidad de necesidades de las personas dependientes.
En Podemos, Noemí Santana valoró los avances, aunque advirtió de que todavía no queda garantizada la financiación suficiente para hacer efectivos todos los nuevos derechos.
El PSOE defendió que el proyecto se ha enriquecido durante la tramitación parlamentaria, mientras que Sumar aseguró que, tras dos décadas de funcionamiento del sistema, esta reforma permitirá iniciar «una nueva etapa, mejor financiada, más resiliente y más cercana», de la que podrán beneficiarse millones de personas y sus familias.
Qué queda por decidir
El texto llegará al Pleno del Congreso el 14 de julio para su votación definitiva. Hasta entonces, el respaldo de socios como Junts seguirá condicionado a que el Gobierno concrete cómo garantizará esa corresponsabilidad financiera del 50 % a partir de 2027, el punto que sigue dividiendo a los grupos parlamentarios pese al amplio consenso alcanzado en comisión.
