Cuando un juzgado de lo social da la razón a quien reclamó una incapacidad permanente denegada, el efecto no arranca el día en que se dicta la sentencia. La prestación se reconoce con los efectos económicos que correspondían en vía administrativa, de modo que el INSS debe abonar todas las mensualidades transcurridas desde entonces. A esa cantidad se suman, en su caso, los intereses por mora previstos en la legislación de la Seguridad Social.
Desde cuándo se cuenta
La fecha de efectos depende del tipo de expediente. En la incapacidad permanente derivada de un proceso de incapacidad temporal, suele fijarse en la resolución que puso fin a la baja. Cuando la solicitud fue directa, en la fecha del dictamen del equipo de valoración.
Es decir, un procedimiento que ha durado dos años puede generar un pago acumulado equivalente a más de veinte mensualidades.
Los intereses por retraso
La normativa reconoce un recargo por mora cuando la entidad gestora se retrasa en el abono de prestaciones ya reconocidas. No se aplica de forma automática en todos los supuestos, por lo que conviene solicitarlo expresamente en la demanda.
Asimismo, si la contingencia se declara profesional y existe falta de medidas de seguridad, puede añadirse el recargo de prestaciones a cargo de la empresa.
Qué pasa mientras se recurre
- La sentencia de instancia es ejecutable aunque el INSS anuncie recurso de suplicación.
- El pensionista puede solicitar la ejecución provisional para empezar a cobrar.
- Si el recurso prospera, se abre la vía de reintegro de lo percibido.
El plazo que abre todo el proceso
Nada de esto es posible sin el primer paso: la reclamación previa en el plazo de 30 días desde la notificación de la denegación. Sin ese trámite, la demanda no prospera.
Lo demuestran casos como el de quien obtuvo la pensión del 100% por vía judicial tras 18 meses de baja. La información oficial sobre los grados figura en el portal de prestaciones de la Seguridad Social.
