La Tarjeta Europea de Discapacidad ya tiene fecha en España. El proyecto de real decreto que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 establece en su disposición final séptima que la norma entrará en vigor el 5 de junio de 2028, y fija un único requisito de acceso: tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % conforme al Real Decreto 888/2022. El texto transpone la Directiva (UE) 2024/2841, de 23 de octubre de 2024.
Qué acredita exactamente y quién puede pedirla
El proyecto regula en realidad dos documentos. Según su artículo 1, «este real decreto regula la Tarjeta Europea de Discapacidad, acreditativa de la situación y del grado de discapacidad, y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad». La primera sirve para acreditar la condición en cualquier Estado miembro; la segunda, para el aparcamiento.
El artículo 3.1 delimita a los titulares: las «personas que figuren empadronadas y tengan la residencia legal en España» y que tengan reconocido ese 33 % por el procedimiento del Real Decreto 888/2022. Es decir, el mismo umbral que ya rige el resto de derechos del colectivo en el país, sin escalones adicionales.
El calendario: dos formatos convivirán hasta 2028
Las disposiciones transitorias del proyecto dibujan un periodo de convivencia. Hasta el 4 de junio de 2028 podrán seguir expidiéndose los formatos anteriores de tarjeta, y a partir del 5 de junio de 2028 el nuevo modelo pasa a ser obligatorio.
Ese calendario no anula lo aprobado a nivel nacional. Cabe recordar que el BOE ya fijó una tarjeta de discapacidad válida en toda España desde el 33 % con un plazo máximo de seis meses para resolver, un documento distinto y de ámbito estatal.
El CERMI reclama acelerar y avisa de «aspectos inasumibles»
El movimiento asociativo no está conforme con el ritmo. El CERMI ha reclamado al ministerio que acelere la aprobación, después de «largos meses» de tramitación «sin que se vislumbre un horizonte cercano de promulgación». Para el comité, los «retrasos acumulados por el Ministerio ponen en duda la materialización de esta aspiración», teniendo en cuenta que España se había propuesto ser el primer país en transponer la directiva.
La crítica también es de fondo. El CERMI sostiene que los borradores manejados «contienen aspectos inasumibles que debilitan los mandatos de la Directiva», y pide «agilidad» y «verdadera voluntad» de acuerdo antes de que el texto se cierre.
Las tres peticiones concretas del colectivo
Sobre el contenido, el comité ha puesto tres condiciones sobre la mesa:
- Una relación pormenorizada de los ámbitos en los que la tarjeta despliega efectos, para que no quede en un documento simbólico.
- La extensión a todas las situaciones legales de discapacidad, y no solo a las acreditadas por la vía ordinaria.
- La gratuidad por defecto del aparcamiento en las zonas reguladas de estacionamiento, la conocida ORA.
Este último punto es el que más consecuencias prácticas tendría en el día a día, porque hoy la gratuidad depende de cada ordenanza municipal. Y no es un asunto menor: los titulares de tarjeta ya se enfrentan a sanciones por cuestiones formales, como cuando se aparca con la tarjeta de movilidad reducida caducada.
Con todo, el proyecto está en fase de información pública y su redacción puede cambiar antes de llegar al BOE. El texto completo puede consultarse en el trámite publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, donde figura tanto el articulado como el calendario de aplicación.