La Comisión de Derechos Sociales del Congreso se reúne este 9 de julio de 2026 de manera extraordinaria para emitir dictamen sobre dos reformas legales —la de la ley de discapacidad y la de la ley de dependencia— que deberán votarse en el pleno del Congreso la semana que viene. El texto amplía servicios y prestaciones y reduce los tiempos burocráticos para las personas dependientes y con discapacidad. Desde el ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, subrayan que el Gobierno ya ha trasladado a las comunidades autónomas 6.200 millones de euros extra, desde el 1 de julio y durante 2027, para mejorar los servicios y acabar con las listas de espera, lo que —aseguran— deja sin justificación una votación en contra.
Cabe recordar que entidades civiles, sociales, sindicatos y patronal respaldan ambas reformas, aunque en esta legislatura, siempre inestable, nada está garantizado hasta la votación definitiva.
Más atención en el hogar: teleasistencia y ayuda a domicilio
La reforma de la ley de dependencia apuesta por un modelo de atención más personalizada en el hogar, que es donde la mayoría de las personas dependientes prefiere permanecer y donde la norma actual presenta más deficiencias.
El texto reconoce la teleasistencia como derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, con independencia del territorio en el que residan. Además, eleva a rango de ley su carácter complementario: la teleasistencia no podrá ser la única prestación, sino que deberá combinarse con otros apoyos.
Asimismo, se amplía el servicio de ayuda a domicilio más allá de las tareas domésticas y del cuidado personal. La persona cuidadora podrá acompañar al usuario en actividades de su entorno comunitario, como ir al médico o hacer la compra. En esta misma línea, la reforma incorpora la asistencia personal como un servicio más dentro del sistema de dependencia.
Cuidadores familiares: también vecinos y amigos
La reforma amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a las personas allegadas que asumen estos cuidados. Es decir, responde a la realidad de quienes viven solos o cuyos hijos trabajan lejos y no pueden atenderlos: a partir de ahora, esta prestación también podrá reconocerse a una amiga o un vecino que ejerza de cuidador.
Otra novedad incorporada tras el proceso de escucha social es la extensión de esta prestación hasta el último día del mes en el que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente, evitando así que las familias tengan que reintegrar cantidades ya percibidas. Con todo, la medida busca aportar seguridad jurídica a quienes han sostenido los cuidados hasta el final de la vida.
Discapacidad: reconocimiento automático del 33% para el grado I de dependencia
En paralelo, la reforma de la ley de discapacidad introduce lo que el propio ministerio considera su punto más relevante: el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para las personas a las que se asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia.
- Grado I de dependencia → reconocimiento automático del 33% de discapacidad.
- Grado II o III de dependencia → pasarela para el reconocimiento del 65% de discapacidad.
- Quien lo desee podrá solicitar además una valoración individualizada para obtener un grado de discapacidad superior al reconocido automáticamente por estas pasarelas.
Accesibilidad universal, reivindicable ante cualquier instancia
La reforma regula también el derecho a la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad, a través de la habilitación y rehabilitación de la vivienda. La nueva ley convierte la accesibilidad universal en un derecho reivindicable ante cualquier instancia, lo que permitirá exigirla en edificios y servicios públicos.
Para desarrollarlo, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará intervenciones como la instalación de rampas para sillas de ruedas o la creación de códigos QR para audiodescripciones, entre otras medidas.
Si ambas reformas superan el dictamen de la comisión, su aprobación definitiva llegará la próxima semana en el pleno del Congreso, un trámite que el propio ministerio da por hecho salvo sorpresa de última hora en una legislatura marcada por la inestabilidad parlamentaria.