El movimiento Quererla es Crearla, nacido en la Universidad de Málaga y referente estatal en educación inclusiva, ha hecho público un comunicado en el que sostiene que la reordenación de la Formación Profesional y de la atención a la diversidad que impulsa la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía no es una reorganización técnica, sino «un plan de desmantelamiento disfrazado de inclusión». El texto, difundido este mes de septiembre de 2026, ya ha recibido adhesiones sindicales: USTEA Enseñanza se sumó a él el pasado 3 de septiembre.
La Administración andaluza defiende que los cambios buscan reducir el abandono escolar temprano y facilitar que el alumnado con necesidades educativas especiales curse sus estudios en el aula ordinaria. Familias, profesionales y organizaciones sindicales, en cambio, interpretan el movimiento como un recorte encubierto de la oferta pública.
Qué denuncia exactamente el comunicado
El escrito parte de una premisa: la inclusión no puede aparecer al final del recorrido educativo como un remiendo. Sus impulsores hablan de una «inclusión mágica» que se pretende activar de un curso para otro en la FP sin haberla sembrado antes en infantil, primaria y secundaria.
No basta con quererla; hay que crearla.
El comunicado insiste en que la Administración lleva años empleando los recursos de atención a la diversidad para clasificar al alumnado en modalidades que lo apartan del grupo ordinario, y que ahora se le pide integrarse sin que el sistema haya cambiado. Asimismo, advierte de que ese giro repentino genera preocupación y desamparo en familias que llevan cursos reclamando apoyos que no llegan.
Otro de los ejes es el enfoque. Quererla es Crearla reclama dejar de definir a cada estudiante por su diagnóstico y empezar a tratarlo como titular de derechos, poniendo el esfuerzo en transformar los contextos escolares y no en etiquetar a la persona.
El argumento jurídico: el artículo 24 de la Convención de la ONU
La parte más contundente del texto no apela a la voluntad política, sino al derecho internacional. El manifiesto recuerda que el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reconoce la educación inclusiva como un derecho en todos los niveles educativos, incluida la Formación Profesional.
Cabe recordar que la Observación General nº 4 del Comité de la Convención va más allá y precisa qué significa cumplir ese artículo: no es suficiente con ubicar físicamente al alumnado en un aula ordinaria si no se modifican los entornos ni se despliegan los apoyos necesarios. La inclusión, según ese estándar, exige una transformación sistemática del conjunto del sistema educativo. Es decir, el comunicado sitúa la ausencia de un plan andaluz de inclusión no como un debate pedagógico, sino como un posible incumplimiento de un tratado firmado por España.
El trasfondo: la FP Básica Específica en el centro de la polémica
El conflicto viene de atrás. La reordenación afecta a la Formación Profesional Básica Específica (FPBE), la modalidad que atiende a alumnado con necesidades educativas especiales dentro de la FP. Según ha detallado CGT Enseñanza Andalucía, la Consejería ha trasladado a los centros que no se trata de una supresión, sino de una reordenación articulada en torno a tres líneas:
- Derivar al alumnado de perfil intermedio a ciclos formativos de grado básico ordinarios, con medidas de atención a la diversidad (personal técnico de integración social, audición y lenguaje, pedagogía terapéutica).
- Ampliar la oferta de los Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL) para el alumnado con mayores necesidades de apoyo, extendiéndolos hasta los 23 años.
- Crear nuevas plazas adaptadas a cada casuística, según ha defendido el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos.
No es la primera vez que la cuestión estalla. Ya en el curso 2024/2025 la Junta intentó suprimir varias de estas unidades y dio marcha atrás en algunos centros tras la presión de familias, asociaciones y ayuntamientos.
Un llamamiento abierto a familias, sindicatos y ayuntamientos
El comunicado cierra con una convocatoria amplia: pide a familias, asociaciones de madres y padres, profesionales, sindicatos, ayuntamientos, partidos políticos y ciudadanía que se sumen a la exigencia de un plan real de inclusión dotado presupuestariamente. A pesar de que el curso 2026/2027 ya ha arrancado, sus impulsores confían en que la presión social obligue a revisar el modelo antes de que los cambios se consoliden.
Con todo, la Consejería mantiene su versión de que la medida beneficia al alumnado. El desenlace dependerá de si el departamento acepta abrir una negociación con la comunidad educativa o si, como ocurrió hace dos cursos, la movilización de familias y ayuntamientos vuelve a frenar los cambios centro a centro.
