Bajo el título ‘La prestación de cuidados y apoyo a los niños y las niñas con discapacidad en el entorno familiar y sus dimensiones de género’, la Organización de Naciones Unidas –ONU– y ‘Plena Inclusión‘ defienden la protección de niños con discapacidad en la etapa infantil.
Así mismo, en ese «contundente» informe, sendas entidades aportan su visión sobre «la crítica situación de la infancia con discapacidad y de las personas que los cuidan«. Este documento, además, cuenta con la participación de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass.
De esta forma, la ONU, como recoge ‘Plena Inclusión’ España, advierte «las nefastas consecuencias de la falta de asistencia estatal» a este colectivo infantil con discapacidad y, del mismo modo, «reclama a los Gobiernos una reforma estructural urgente».
Protección de niños con discapacidad en etapa infantil
De acuerdo con el informe elaborado por la ONU, mediante su Relatora Especial, Heba Hagrass, y la entidad española ‘Plena Inclusión’, detalla que «el entorno familiar se convierte en el lugar idóneo para el crecimiento de los menores, siempre y cuando el Estado proporcione los apoyos necesarios».
En consecuencia, también se señala que la ausencia de «servicios comunitarios provoca que muchos menores se vean separados de sus familias e ingresados en centros», lo que se entiende como «una medida desproporcionada que vulnera sus derechos«.
Además de reconocer la protección de menores con discapacidad en la infancia, sendas instituciones han evidenciado una realidad sobre las personas cuidadoras: el trabajo de cuidados no remunerado recae de forma casi exclusiva en el género femenino: mujeres, madres y abuelas.
Esa misma conclusión coincide con un estudio de ‘Plena inclusión’ España, que afirma que «en el 83% de las familias con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, quienes se encargan de los cuidados son mujeres«.
Como consecuencia del «sobreesfuerzo no compartido«, este colectivo se ve obligado e instado, en muchos casos, a abandonar sus carreras profesionales o a limitar las opciones de promoción laboral, reduciendo ingresos y quedando a merced del escaso apoyo de las instituciones públicas.
Finalmente, la presidenta de ‘Plena Inclusión’, Carmen Laucírica, ha indicado que «gracias a su compromiso incansable» de las familias de personas con discapacidad, «el valor de la inclusión ha llegado a las leyes y va calando en la sociedad española».
Reconocer el cuidado
La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Heba Hagrass, ha instado a los Gobiernos «a abandonar la visión de los cuidados como una ‘carga’ y a sustituirla por un enfoque de derechos«. También ha animado a dejar de cargar el peso de la inclusión exclusivamente sobre las espaldas de las familias y, en especial, sobre las mujeres.
Para ello, insiste en «dotar asistentes personales y servicios de apoyo adaptados a las necesidades funcionales de los niños», por un lado; garantizar el acceso a del alumnado con discapacidad «a los centros educativos ordinarios mediante los ajustes necesarios y la formación del profesorado», por otra parte.
Hagrass se decanta por la implementación de «pensiones y subsidios que cubran los costes de la discapacidad y compensen la pérdida de ingresos de las personas cuidadoras» y por «proveer a las familias de orientación legal y espacios de intercambio que reduzcan la sobrecarga de gestión que soportan».