El aumento del Índice de Precios de Consumo -IPC- también tiene su repercusión en el sector de la discapacidad, perfilándose como una notable preocupación entre los centros que se encargan del cuidado y bienestar de quienes integran este colectivo. Así lo ha expresado ‘Plena Inclusión’ en un comunicado.
El conflicto bélico que está teniendo lugar en Irán y el respectivo aumento en el precio del gasoil ha derivado en un notable incremento financiero de productos, algo que que también pone en jaque la sostenibilidad de «4.000 centros y servicios para personas con discapacidad intelectual«, ha indicado la entidad.
Así mismo, desde ‘Plena Inclusión’ han solicitado a las entidades y administraciones públicas pertinentes tener en cuenta «cómo afecta la subida de precios a las personas más vulnerables». De hecho, las 950 asociaciones que componen esta corporación prestan apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad, así como a sus familias.
Subida de precios en el sector de la discapacidad
De acuerdo con la subida de precios generalizada que se está acometiendo, ‘Plena Inclusión’ también advierte del incremento en las facturas de la calefacción y la electricidad, productos de alimentación y materiales de limpieza y otros sectores necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de personas vulnerables.
Como consecuencia, esta subida de precios repercute en «el buen funcionamiento de los 4.000 centros y servicios de ‘Plena Inclusión’ para el cuidado de personas con discapacidad intelectual y problemas del desarrollo, ha informado la propia entidad. Es una preocupación que ya alcanza tintes notables.
Por su parte, Carmen Laucirica, presidenta de ‘Plena Inclusión’, también ha valorado que «las crisis de los últimos años han aumentado mucho los gastos de las organizaciones sociales que damos apoyo directo a las familias«. Por ello, estiman que la revisión anual de precios por parte de las administraciones «no cubre gastos reales».
Por tanto, desde esta corporación, que brinda ayuda a personas con discapacidad intelectual y problemas en el neurodesarrollo, solicita a las instituciones públicas encontrar soluciones que permitan financiar «correctamente
estos servicios tan importantes para las personas más vulnerables«. No obstante, la subida de precios no es el único desafío que enfrentan estas organizaciones.
La subida del convenio laboral, el incremento del salario mínimo o los gastos de gestión y cumplimiento de las leyes son otros aspectos que deben tenerse en consideración. En consecuencia, ‘Plena Inclusión’ alza la voz para exigir recursos que permitan garantizar una vida de calidad a decenas de miles de personas con discapacidad intelectual y también a sus familias».
Plan para fortalecer el sector
Las asociaciones del Tercer Sector y entidades del colectivo de la discapacidad, entre las que se encuentra ‘Plena Inclusión’, han aunado esfuerzos para reivindicar la puesta en marcha «de un programa de apoyo a la red de entidades sin ánimo de lucro» que contemple una serie de medidas para paliar la precariedad y vulnerabilidad de algunos centros.
Ese proyecto, según detalla la entidad, cuenta con un «salario igual al del personal del sistema público de servicios sociales» y un «sistema de revisión de precios que suba cuando suben los costes». Estas normas serían útiles «para momentos de crisis sanitaria, climática o humanitaria».
Del mismo modo, ponen de manifiesto la «fijación de precios basados en costes reales y derogación de la ley de desindexación» y subrayan la importancia de un «plan de inversión para la renovación de las instalaciones y equipamientos para la mejora de la red de servicios».
Estas medidas están orientadas a la mejora de calidad de vida, bienestar y vulnerabilidad de personas con discapacidad intelectual que son atendidas por organizaciones sociales; en el caso de ‘Plena Inclusión’, la subida de precios ya afecta a la sostenibilidad de 4.000 centros y servicios para este colectivo.
