El CERMI ha reclamado una normativa específica para proteger a las personas electrodependientes, aquellas cuya vida o autonomía depende de un suministro eléctrico continuo para hacer funcionar respiradores, concentradores de oxígeno, bombas de alimentación o sillas motorizadas. Lo hace en su primer informe sobre este colectivo, elaborado por la Fundación Derecho y Discapacidad y firmado por la doctora en Derecho Gloria Álvarez Ramírez, difundido el 7 de septiembre de 2026. El punto de partida es demoledor: en España no existen estadísticas oficiales sobre cuántas personas están en esa situación.
Un colectivo que la Administración no sabe contar
El informe sostiene que los registros existentes son «fragmentarios» y «voluntarios», lo que «dificulta la identificación, localización y asistencia de estas personas». Sin ese censo básico, explica el texto, resulta imposible «conocer cuántas personas se encuentran en esta situación, dónde viven, cuáles son sus necesidades o qué grado de criticidad presenta su dependencia energética».
La consecuencia práctica es que, ante una incidencia en la red, no hay forma de priorizar la reposición del suministro ni de avisar a quien más lo necesita. El documento describe el efecto de esa desprotección como «pérdida de autonomía, aislamiento, riesgo para la seguridad y restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales».
El apagón del 28 de abril como prueba de estrés
El informe sitúa el apagón del 28 de abril de 2025 como «un ejemplo especialmente revelador de esta vulnerabilidad». Aquel día quedó a la vista lo que el texto resume en una enumeración precisa: «la ausencia de protocolos específicos, sistemas de respaldo, información accesible y mecanismos de atención prioritaria», factores que no solo acompañan al problema, sino que contribuyen a «multiplicar estos riesgos».
A esa fragilidad se suman circunstancias que se acumulan: pobreza energética, edad avanzada, ser mujer y vivir en zonas rurales aparecen en el estudio como factores que agravan la exposición.
Qué pide exactamente el CERMI
Las demandas del comité no se limitan a una declaración de intenciones. El informe concreta un paquete de medidas.
- Crear una definición legal específica de electrodependencia.
- Reconocer la electrodependencia por razón de discapacidad.
- Garantizar la continuidad y la prioridad del suministro eléctrico.
- Establecer estadísticas oficiales del colectivo.
- Desarrollar protocolos y sistemas de respaldo ante emergencias.
El enfoque de fondo es el que marca la diferencia con la regulación actual: el texto reclama «superar una visión exclusivamente sanitaria» y trasladar el asunto a «el ámbito de los derechos humanos», porque la electricidad funciona aquí como «un recurso habilitante para la autonomía personal, la seguridad, la igualdad, la participación social y una vida digna».
Lo que ya existe y se queda corto
Mientras esa regulación llega, las herramientas disponibles son de carácter económico y no garantizan continuidad de servicio. La principal es el bono social eléctrico, cuyo acceso está abierto a personas con un grado reconocido: Tododisca ha detallado cómo solicitarlo con un 33 % de discapacidad y también cómo influye el grado de dependencia reconocido en esa solicitud.
Cabe recordar que el bono social abarata la factura, pero no impide un corte por avería ni obliga a la distribuidora a restablecer antes el suministro de una vivienda con un equipo vital conectado. Esa es justamente la laguna que el informe quiere cerrar. Junto a ello siguen vigentes otras vías de apoyo al hogar, recogidas en el listado de ayudas a la vivienda para personas con discapacidad.
Con todo, la petición del comité llega en un momento en que la regulación sobre electrodependencia está en discusión, de modo que este primer diagnóstico servirá previsiblemente de base para las alegaciones del movimiento asociativo. El contenido íntegro de la propuesta puede consultarse en la información publicada por Servimedia.