Utilizar de forma fraudulenta la tarjeta azul de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) puede costar en España entre 150 y 600 euros, además de la retirada temporal o definitiva del documento, según recoge la aseguradora Mapfre. Por otro lado, los conductores que dejan su vehículo en una plaza PMR sin tener la tarjeta se exponen a una multa de 200 euros, fijada en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que se reduce a la mitad con el pronto pago.
Para qué sirve la tarjeta y cuándo se usa mal
La tarjeta azul da acceso, sobre todo, a las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Estos espacios son más amplios y están diseñados para que quienes tienen dificultades de movilidad puedan entrar y salir del coche con seguridad. Es decir, no son una comodidad añadida, sino una adaptación necesaria.
Pese a ello, el uso fraudulento sigue siendo frecuente. Entre los casos más habituales están circular con una tarjeta caducada, emplear la de un familiar o conocido, seguir usando la de una persona fallecida o recurrir a una copia fotocopiada o falsificada. Todas estas conductas se consideran una infracción grave y, en determinadas situaciones, pueden llegar a constituir delito.
Las sanciones por mal uso de la tarjeta oscilan, por lo general, entre 150 y 600 euros, aunque la cuantía concreta depende de la gravedad y de la normativa de cada municipio. Asimismo, si se demuestra que ha habido falsificación o fraude, el infractor puede tener que responder también por la vía penal.
Aparcar sin tarjeta: 200 euros aunque sean «cinco minutos»
El otro gran problema son los conductores que ocupan una plaza PMR sin acreditación, a menudo con la excusa de que será solo un momento. La multa en estos casos es de 200 euros, que se queda en 100 euros si se paga dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación. Con todo, lo que está en juego no es un privilegio, sino un derecho de las personas con discapacidad o movilidad reducida.
Esta sanción, en cambio, no resta puntos del carné, tal y como ha aclarado la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde Mapfre explican que «no se considera un riesgo directo para la seguridad vial, aunque sí afecta a los derechos de terceros».
Precisamente por eso, los colectivos de personas con discapacidad llevan años pidiendo un castigo más duro. El Congreso ya ha tomado en consideración una proposición de ley del PSOE para que aparcar en estas plazas pase a ser infracción muy grave, con una multa de 500 euros (250 con pronto pago). Por su parte, el CERMI reclama que, además, se retiren puntos del carné. A pesar de ello, la reforma aún no está en vigor y la sanción sigue siendo de 200 euros.
