La persona en situación de dependencia pasa a tener la última palabra sobre sus cuidados. Desde ayer, 23 de octubre, entra en vigor la Ley 4/2026, que reescribe el artículo 29 de la Ley de Dependencia, según el texto publicado en el BOE. Ese artículo regula el Programa Individual de Atención (PIA), el documento que fija qué servicios o prestaciones recibe cada beneficiario. Con la reforma, los servicios sociales tendrán que elaborar el PIA a propuesta de la persona y, si deciden apartarse de su elección, deberán motivarlo y demostrar que han agotado todas las alternativas.
El cambio llega después de años de quejas de familias que pedían ayuda a domicilio y recibían una oferta de residencia, o que solicitaban un centro de día y se encontraban solo con teleasistencia.
La voluntad de la persona, punto de partida del PIA
La nueva redacción cambia el orden de las cosas. Hasta ahora, la Administración diseñaba el plan y la persona dependiente lo aceptaba o lo recurría. A partir de hoy, el PIA se acuerda con la persona y parte de su propuesta, de modo que los apoyos se ajusten a su voluntad, deseos y preferencias, siempre dentro de los servicios previstos para su grado.
Es decir, quien recibe los cuidados ya no es un mero destinatario del plan, sino quien lo pone en marcha.
Una consulta previa obligatoria y accesible
Para que este derecho se aplique en la práctica, la ley introduce un trámite de consulta previa en el que la persona expone qué servicios quiere. Ese paso debe cumplir con la accesibilidad universal y contar con los apoyos que hagan falta, como materiales en lectura fácil o intérprete de lengua de signos.
Asimismo, pueden intervenir en el procedimiento quienes ejercen medidas de apoyo a la capacidad jurídica de la persona. Los cuidadores no profesionales también pueden participar, pero solo si la persona dependiente da su consentimiento.
Qué ocurre si los servicios sociales no respetan tu elección
Es la novedad con más efecto en el día a día. La ley admite que, de forma excepcional, la propuesta de los servicios sociales no coincida con lo que la persona ha pedido. Pero en ese caso la Administración está obligada a:
- Motivar la decisión de forma expresa.
- Acreditar que antes ha agotado todas las opciones que permitirían cumplir con la elección de la persona.
En la práctica, una respuesta genérica como que no hay plaza o que el servicio no es el adecuado deja de ser suficiente. Cabe recordar que esa justificación por escrito sirve también como base para presentar un recurso si la familia no está de acuerdo.
Cuando la persona no puede expresar su voluntad
La reforma contempla los casos en los que no es posible conocer qué quiere la persona, como ocurre con una demencia avanzada. Entonces serán quienes ejercen las medidas de apoyo los que deban reconstruir lo que la persona habría decidido, a partir de su trayectoria vital, sus creencias y sus valores.
El criterio no es lo que prefiera el familiar, sino lo que habría elegido la propia persona.
Ayuda provisional sin perder el turno
La ley añade otra garantía ligada al PIA para quienes tienen reconocido un grado II o III. Si el servicio recogido en su plan no está disponible, se les ofrecerá de forma transitoria otro servicio o una prestación económica de su grado, también ajustada a sus preferencias.
Por el contrario a lo que muchas familias temían, aceptar esa ayuda temporal no supone perder el puesto en la lista de espera del servicio que se eligió en primer lugar.
El plan podrá revisarse cuando cambien las circunstancias
El PIA no queda cerrado una vez aprobado. Podrá revisarse en tres supuestos:
- A petición de la persona interesada.
- De oficio, por iniciativa de la comunidad autónoma.
- Cuando la persona se traslade a otra comunidad autónoma.
Además, los servicios deberán adaptarse, con comunicación previa, a los cambios en la situación personal y en el entorno del beneficiario.
Con todo, la reforma pone en manos de las familias una herramienta que hasta ahora no tenían. Quienes estén pendientes de que se elabore o revise su PIA harán bien en dejar por escrito qué servicio quieren y por qué, y en exigir por escrito la justificación si la Administración les propone otra cosa, tal como establece ya la ley.