El viernes 23 de octubre de 2026 entró en vigor la reforma de la Ley del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta reforma recoge importantes medidas que afectan directamente a las personas en situación de dependencia, a las familias, a las trabajadoras del sector de cuidados y a las administraciones.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han catalogado esta reforma como «histórica». Además, defienden que «supone una refundación del sistema de cuidados con más servicios, más prestaciones y menos burocracia a los usuarios».
Plazo máximo de 90 días para las resoluciones de la dependencia
Uno de los grandes problemas existentes en España son las listas de espera para el reconocimiento y valoración del grado de dependencia. Aunque la gestión de la dependencia se encuentra cedida a las Comunidades Autónomas, se trata de una problemática común en prácticamente todos los territorios del país.
Desde el Gobierno de España argumentan que uno de los principales objetivos de esta reforma es reducir las listas de espera de la dependencia. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, va más allá y apuesta porque las listas de espera se hayan eliminado para el año 2028.
Así, la nueva reforma establece que el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia se reduce de 6 a 3 meses. Es decir, las Administraciones dispondrán de 90 días para resolver una solicitud de reconocimiento del grado de dependencia.
A priori, parece una medida realmente beneficiosa para los ciudadanos. No obstante, es preciso realizar ciertas aclaraciones respecto al plazo máximo legal para ofrecer una resolución sobre una solicitud de dependencia.
Cuando el plazo máximo legal era de 6 meses, esta medida no se cumplía en la mayoría de Comunidades Autónomas. Muchas personas esperan más de un año o incluso varios años para obtener la resolución de su solicitud para el reconocimiento de la dependencia.
Con la entrada en vigor de la reforma, las Comunidades Autónomas tendrán la responsabilidad de desarrollar el nuevo reglamento normativo. Por tanto, serán las administraciones autonómicas las que deberán velar porque se cumpla el nuevo plazo legal de tres meses para resolver el procedimiento de la solicitud de la dependencia.
Menos carga burocrática
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia también incluye otras medidas con la finalidad de reducir las listas de espera en España, tanto de la discapacidad como de la dependencia. Así, el Gobierno de España ha establecido una pasarela desde la dependencia a la discapacidad.
A las personas que se le reconozca un grado I de dependencia, se le reconocerá un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Por su parte, a las personas que le concedan un grado II o grado III de dependencia se le reconocerá automáticamente un grado igual o superior al 65%.
Esta medida tiene como finalidad reducir la carga burocrática, tanto para los ciudadanos como para las administraciones. Eso sí, la norma solamente se aplica desde la dependencia a la discapacidad, pero no al revés.
Además, las personas que no estén de acuerdo con el grado de discapacidad asignado, podrán iniciar el procedimiento de solicitud/revisión del grado de discapacidad a través de los canales administrativos autonómicos pertinentes.