La administración tiene un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar el grado de discapacidad, y el reconocimiento se considera producido desde la fecha de la solicitud. Así lo establece el artículo 9 del Real Decreto 888/2022, que regula el procedimiento en toda España. Sin embargo, varias comunidades siguen superando ese plazo: Baleares, por ejemplo, tarda todavía unos ocho meses tras su plan de choque, y la Comunidad de Madrid ha anunciado un centro base virtual para bajar de los seis meses.
Es decir, quien espera no pierde los derechos de ese tiempo, pero sí tarda en poder ejercerlos, desde una deducción fiscal hasta una tarjeta de aparcamiento o una plaza reservada en unas oposiciones.
Lo que dice la ley sobre el plazo
El artículo 9.1 del Real Decreto 888/2022 es claro: la resolución «se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses». El apartado 2 añade que el reconocimiento del grado «se entenderá producido desde la fecha de solicitud».
En la práctica, esto significa que, si el grado se reconoce un año después, sus efectos se retrotraen a la fecha en la que se presentó la solicitud. Por eso es importante guardar el justificante de registro.
Baleares: de 14 a 8 meses tras un plan de choque
El Govern balear ha reducido la lista de espera para la valoración de la discapacidad de más de 13.000 personas en septiembre de 2025 a menos de 9.000, y el tiempo para obtener el grado ha bajado de 14 a 8 meses, según informó Fibwi Diario el 8 de septiembre. Aun así, la demora sigue por encima del plazo legal.
Madrid: un centro base virtual con 75 profesionales
En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció el 10 de septiembre la creación de un centro base virtual para valorar la discapacidad, con 75 profesionales y un presupuesto de 3 millones de euros anuales. El objetivo, según la Comunidad de Madrid, es que el plazo medio de resolución no supere los seis meses.
Las asociaciones madrileñas llevan tiempo denunciando esperas mucho más largas. El activista Emilio Grande ha llegado a hablar de entre dos y tres años en algunos casos.
Valencia y Navarra, otros frentes abiertos
En la Comunitat Valenciana, la Generalitat valoró 525.415 solicitudes en el primer semestre de 2026 y reconoció un grado igual o superior al 33% en 341.907 casos, con una lista de espera un 2% más baja, según sus datos oficiales.
En Navarra, la decisión del Gobierno foral de recurrir a un equipo externo para agilizar valoraciones ha generado críticas sindicales. CCOO ha resumido su postura así: «Reducir las listas de espera, sí; debilitar los servicios públicos, no».
Qué hacer si se supera el plazo
Quien lleve más de seis meses esperando puede dirigirse por escrito al centro de valoración de su comunidad para pedir información sobre su expediente. Si no obtiene respuesta, también puede presentar una queja ante el Defensor del Pueblo o el defensor autonómico correspondiente.
Con todo, el plazo de seis meses sigue siendo una meta lejana en buena parte del país. Las comunidades que han reforzado sus equipos empiezan a reducir esperas, pero el ritmo es desigual y la fecha del reconocimiento sigue dependiendo, en buena medida, del lugar de residencia.