¿Da el TDAH derecho a un grado de discapacidad? Lo que dice el baremo y en qué casos se reconoce

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) sí puede dar derecho a un grado de discapacidad, aunque el diagnóstico no lo garantiza. El baremo que aplican todas las comunidades autónomas, aprobado por el Real Decreto 888/2022, le asigna como máximo un 24% de deficiencia cuando los síntomas persisten pese al tratamiento. Es decir, el TDAH por sí solo se queda por debajo del 33%, la cifra que da acceso a la mayoría de derechos y ayudas, y el grado aumenta cuando se suman otros diagnósticos o limitaciones importantes en la vida diaria.

Los dos niveles que fija la tabla del TDAH

El baremo incluye el TDAH en el capítulo dedicado a la salud mental, dentro de los trastornos del comportamiento y de las emociones que comienzan en la infancia y la adolescencia. Su tabla solo contempla dos escalones:

  • Del 0% al 4%: hay síntomas aislados que no limitan la vida diaria, el tratamiento no presenta dificultades y el rendimiento escolar es parecido o algo inferior al esperado.
  • Del 5% al 24%: se cumplen los criterios diagnósticos, hay tratamiento especializado y, aun así, los síntomas aparecen en más de dos contextos, con un rendimiento escolar por debajo de lo esperable y necesidad de adaptaciones o apoyos puntuales.

Para situar a la persona en uno u otro tramo, el equipo de valoración revisa la historia clínica, el desarrollo psicomotor y del lenguaje, la respuesta al tratamiento, la atención, la memoria y la impulsividad, además de la adaptación escolar o laboral y las pruebas psicométricas.

En qué casos se reconoce un grado mayor

Cabe recordar que la cifra de la tabla es solo una parte del resultado. Con el baremo actual, en vigor desde 2023, el grado final combina la deficiencia con las limitaciones en la actividad, las restricciones en la participación y las barreras del entorno, que pueden sumar hasta 24 puntos dentro de la clase de discapacidad asignada.

Asimismo, el TDAH suele convivir con otros diagnósticos que tienen tablas propias y tramos más altos, como los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos de conducta, el trastorno del espectro autista o la discapacidad intelectual. Cuando aparecen juntos, cada uno se valora por separado y los porcentajes se combinan. En la práctica, es en estas situaciones cuando se supera el 33%.

Documentos que conviene reunir

La solicitud se presenta en el centro de valoración de la comunidad autónoma de residencia. Antes de hacerlo, es recomendable tener a mano:

  • Informe de neuropediatría, psiquiatría infantil o psicología clínica con el diagnóstico y su evolución.
  • Detalle de los tratamientos, farmacológicos y psicoterapéuticos, y del tiempo que se han mantenido.
  • Informes del colegio o del equipo de orientación sobre las adaptaciones y apoyos que recibe el alumno.
  • Resultados de pruebas psicométricas y escalas de evaluación.
  • Informes de cualquier otro trastorno asociado.

Plazos y revisiones

La administración dispone de un máximo de seis meses para resolver y, si reconoce el grado, sus efectos se cuentan desde la fecha de la solicitud. En menores, el baremo prevé revisiones periódicas porque el desarrollo todavía no se ha estabilizado, de modo que es habitual que la resolución incluya una fecha de revisión. Si el resultado no convence, se puede presentar una reclamación previa y, después, acudir al Juzgado de lo Social.