El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha reconocido una incapacidad permanente total a una conductora de transporte por problemas visuales. Así, ha considerado que presenta limitaciones para desempeñar con normalidad y eficacia su profesión habitual.
Por lo general, el reconocimiento de una incapacidad permanente total implica el derecho a cobrar una pensión con una cuantía equivalente al 55% de la base reguladora del trabajador. Sin embargo, en este caso, dicha trabajadora percibirá un importe equivalente al 75% de su base reguladora.
Incapacidad permanente total para su profesión habitual
Esta trabajadora desempeñaba su labor como encargada de transporte de afectados en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Después de un proceso de baja laboral, el 29 de abril de 2024 el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) le denegó el reconocimiento de la pensión de incapacidad permanente.
Ante esta situación, la trabajadora decidió reclamar y llevar su caso a la vía judicial. El Juzgado de lo Social también le denegó el reconocimiento de la incapacidad permanente, por lo que presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El informe médico de esta trabajadora ofrece un cuadro clínico que incluye cataratas en el ojo derecho, agujero macular cerrado, ojo ambliope y cervicoartrosis. A pesar de ello, el INSS consideró que no cumplía los requisitos mínimos para obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente total.
Desde el Consejo General del Poder Judicial, a través de una nota, informan que «sometida a una valoración por el servicio de vigilancia de la salud, fue declarada ‘apta con limitación de funciones’ para su puesto, recomendándose evitar la conducción de vehículos y la autorregulación de los periodos de descanso ante pantallas de visualización de datos, Como consecuencia de estas limitaciones, la empresa procedió a su despido objetivo por ineptitud sobrevenida».
Cuantía del 75% de la base reguladora
Después de años de lucha, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha revocado la decisión anterior y ha reconocido la incapacidad permanente total a esta trabajadora. Así, tendrá derecho a percibir una pensión con una cuantía equivalente al 75% de su base reguladora, fijada en 865,42 euros.
El importe de su pensión de incapacidad permanente total será del 75% de la base reguladora debido a que se encuentra en paro y tiene más de 55 años de edad. Esta situación se conoce como incapacidad permanente total cualificada.
La incapacidad permanente total cualificada es completamente incompatible con cualquier actividad laboral. Si inicia una nueva actividad laboral compatible con las limitaciones que originaron el reconocimiento de la incapacidad, la cuantía de la pensión volverá a ser del 55% de la base reguladora.
Desde el Consejo General del Poder Judicial manifiestan que «los magistrados concluyen que sus graves problemas visuales, como la falta de agudeza visual y cataratas, le impiden desempeñar su trabajo con seguridad sin perjuicio de una futura revisión si es operada». Esta sentencia no es firme, por lo que puede ser recurrida por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo.