El CERMI ha planteado al Senado que las empresas que no cumplan la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad queden excluidas de las subvenciones y ayudas públicas. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha presentado a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta una enmienda a la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva, con la que busca modificar la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según ha informado la propia entidad este 8 de agosto de 2026.
La clave del texto es el momento en el que se comprueba el cumplimiento: la acreditación tendría que ser previa a la concesión de la ayuda, no posterior. Es decir, una empresa obligada por la norma no podría llegar a ser beneficiaria de un fondo público si antes no demuestra que reserva empleo a trabajadores con discapacidad o que aplica las medidas alternativas que permite la ley.
Qué cambiaría en la Ley General de Subvenciones
La enmienda del CERMI incorpora un nuevo supuesto al listado de prohibiciones para obtener la condición de beneficiario que recoge la Ley 38/2003. En la práctica, el incumplimiento de la reserva de empleo pasaría a bloquear el acceso a la ayuda igual que ya lo hacen otras irregularidades administrativas.
- A quién afectaría: a las empresas sujetas a la obligación legal de reserva de empleo que soliciten subvenciones o ayudas públicas.
- Qué habría que acreditar: el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de la plantilla o, excepcionalmente, de las medidas alternativas previstas en la legislación vigente.
- Cuándo: con carácter previo a la concesión, como condición para ser beneficiario.
- Consecuencia del incumplimiento: imposibilidad de acceder a los fondos públicos solicitados.
Cabe recordar que la cuota de reserva es una obligación ya vigente, no una novedad de esta proposición de ley: lo que persigue el CERMI es dotarla de una consecuencia económica tangible cuando se desatiende. Las medidas alternativas, por su parte, están concebidas como una vía excepcional y no como un sustituto ordinario de la contratación directa.
El argumento: coherencia entre el dinero público y la ley
El razonamiento de la entidad es de coherencia institucional. No resulta admisible, sostiene el CERMI, que recursos públicos financien a empresas que desatienden precisamente las obligaciones diseñadas para abrir el mercado laboral a las personas con discapacidad, un colectivo que sigue registrando los mayores índices de desempleo y de exclusión del empleo.
La organización defiende que la modificación reforzaría el carácter ejemplarizante de las administraciones públicas y eliminaría la contradicción actual entre dos políticas que caminan en direcciones distintas: la de fomento económico, por un lado, y la de inclusión laboral, por otro. Asimismo, contribuiría a hacer más efectiva una normativa cuyo problema, según el diagnóstico del sector, no es tanto de contenido como de cumplimiento real.
Un mecanismo de presión sin sanción nueva
La fórmula elegida es significativa por lo que no hace: no crea un régimen sancionador nuevo ni eleva porcentajes. Se limita a condicionar el acceso al dinero público, un incentivo que en el ámbito de la contratación y las ayudas suele tener un efecto disuasorio más inmediato que la vía sancionadora clásica.
A partir de aquí, la decisión está en manos de los grupos parlamentarios. El CERMI confía en que la Cámara Alta respalde la enmienda e incorpore a la Ley General de Subvenciones un mecanismo que impida que una empresa incumplidora se beneficie de fondos públicos. El texto seguirá su tramitación en el Senado, donde la proposición de ley todavía puede modificarse antes de su aprobación definitiva.
