El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a las universidades públicas y a las administraciones de las que dependen que refuercen el control y la transparencia sobre la reserva de al menos el 7% de las plazas para personas con discapacidad en las convocatorias de personal docente e investigador (PDI).
La petición llega después de que la Secretaría General de Universidades reconociera que no existe ningún registro centralizado que permita saber si ese cupo se cumple. El Defensor del Pueblo ya sigue el caso.
El Defensor del Pueblo mantiene abierto el seguimiento
Según ha explicado la entidad, el Defensor del Pueblo le ha comunicado por escrito que «mantiene actuaciones de seguimiento» sobre esta cuestión. La respuesta está fechada el 3 de noviembre y llega tras las quejas presentadas por el propio CERMI y por la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD).
En ese escrito, la institución detalla que se ha dirigido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Conferencia General de Política Universitaria, para conocer cómo se aplica esta obligación en el conjunto del sistema universitario público. Asimismo, ha trasladado al CERMI que sigue recabando información y que le dará cuenta de las novedades cuando reciba las respuestas que aún están pendientes.
Un informe oficial que admite la falta de datos
El origen de la queja está en un informe que la Secretaría General de Universidades remitió en diciembre de 2025. En él, el propio departamento ministerial admitía que «no existe información sistematizada ni un registro centralizado sobre el grado de cumplimiento de la reserva de plazas» para personas con discapacidad en las convocatorias de profesorado.
Es decir, hoy nadie puede decir con datos en la mano cuántas plazas docentes se han reservado ni cuántas se han cubierto realmente por esta vía. El Ministerio atribuyó ese vacío a «la autonomía de las universidades para organizar sus procesos selectivos y a la inexistencia de una obligación legal de remitir periódicamente esta información».
Qué dice la ley sobre el cupo del 7%
A pesar de ello, el mismo informe recordaba que las universidades públicas no quedan al margen de la norma. Están sujetas al artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que obliga a reservar un cupo no inferior al 7% de las vacantes para personas con discapacidad en el acceso al empleo público.
Cabe recordar que esta reserva tiene varias claves:
- Se dirige a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Dentro de ese 7%, al menos el 2% de las plazas debe destinarse a personas con discapacidad intelectual.
- Las administraciones deben facilitar las adaptaciones razonables necesarias en el proceso selectivo y en el puesto de trabajo.
El informe añade, además, que las comunidades autónomas comparten la responsabilidad de que esta reserva se aplique en las convocatorias universitarias de su territorio.
Las medidas que prepara el Ministerio
Ante esta situación, la Secretaría General de Universidades anunció que llevará el asunto a la Conferencia General de Política Universitaria y al Consejo de Universidades, con el objetivo de analizar hasta qué punto se aplica la normativa y de impulsar medidas de coordinación.
También tiene previsto preguntar a las comunidades autónomas qué instrucciones han dado para asegurar que se respetan los cupos en las plazas de profesorado.
El CERMI quiere poder comprobar que se cumple
Para el CERMI, la ausencia de datos centralizados demuestra que es necesario «reforzar el seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario público». Por eso, reclama medidas concretas que permitan verificar si la reserva se aplica de forma efectiva y corregir los posibles incumplimientos.
Con todo, la organización ha dejado clara su postura frente al argumento de la autonomía de los campus, que el Ministerio esgrimió para justificar la falta de información:
«La autonomía universitaria debe respetar las obligaciones legales de igualdad de oportunidades y no discriminación».
El próximo paso dependerá de las respuestas que reciba el Defensor del Pueblo y de lo que se acuerde en los órganos de coordinación universitaria, que tendrán que decidir si se crea un sistema común para medir cuántas plazas de profesorado llegan realmente a personas con discapacidad.