La Administración puede reclamar la devolución de la prestación de dependencia cuando se ha cobrado de forma indebida o en una cuantía mayor de la que correspondía. Así lo establece el artículo 18 del Real Decreto 1051/2013, que obliga a reintegrar esas cantidades y, en su caso, el interés legal del dinero. Las causas más habituales son no comunicar otras ayudas, cambios económicos o personales, como un ingreso residencial o el fallecimiento. La reclamación se puede recurrir, y antes de modificar la prestación debe darse audiencia a la persona interesada.
La obligación de avisar
El artículo 4.4 de la Ley 39/2006, en la redacción vigente desde el 23 de octubre de 2026, obliga a las personas en situación de dependencia, a sus familiares o representantes a facilitar los datos que les pida la Administración, a comunicar las ayudas personalizadas que reciban y a destinar las prestaciones económicas a la finalidad para la que se concedieron.
Además, el artículo 29.4 de la misma ley permite modificar o extinguir las prestaciones cuando varía alguno de los requisitos o se incumplen las obligaciones. Es decir, si la situación cambia y no se avisa, lo cobrado desde ese momento puede convertirse en un cobro indebido.
Situaciones que pueden acabar en una reclamación
- Cobrar otra prestación análoga sin comunicarla. El artículo 31 de la ley obliga a descontar de la ayuda de dependencia otras prestaciones de la misma naturaleza, como el complemento de gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con un 75 % de discapacidad, el complemento por necesidad de otra persona de la pensión no contributiva o el subsidio de ayuda a tercera persona. Desde la reforma, este descuento no se aplica al nuevo grado III+.
- Cambios en la capacidad económica. La cuantía y el copago dependen de la renta y el patrimonio, con los umbrales que fija cada comunidad autónoma según el artículo 32.
- Cambios en la forma de atención. Por ejemplo, el ingreso en una residencia o un cambio de cuidador que no se comunica.
- Un fallecimiento no comunicado. La reforma obliga a pagar la prestación por cuidados familiares hasta el último día del mes del fallecimiento, pero lo ingresado después no corresponde.
Quién tiene que devolver el dinero
El artículo 19 del Real Decreto 1051/2013 señala como obligada a la persona beneficiaria. Sus representantes legales responden solidariamente en los supuestos que recoge la norma y, si la persona dependiente ha fallecido, la obligación pasa a sus causahabientes, es decir, a sus herederos.
El artículo 20 añade que estas cantidades tienen la consideración de ingresos de derecho público. En la práctica, la Administración puede exigirlas con los mismos instrumentos que utiliza para cobrar otras deudas públicas.
Cómo recurrir la reclamación
El procedimiento lo tramita la comunidad autónoma, de acuerdo con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Estos son los pasos habituales:
- Alegaciones. En el trámite de audiencia, que no puede ser inferior a 10 días ni superior a 15, se pueden aportar documentos que demuestren que se comunicó el cambio o que el cálculo es erróneo.
- Recurso administrativo. Contra la resolución que exige el reintegro cabe recurso de alzada o de reposición, según el órgano que la dicte, en el plazo de un mes.
- Vía judicial. Agotada la vía administrativa, queda el recurso contencioso-administrativo, con un plazo general de dos meses.
Conviene revisar si la cantidad reclamada coincide con el periodo real del cambio y si la Administración ya conocía la situación, por ejemplo, porque se comunicó por escrito. Por eso es importante guardar el justificante de cualquier aviso.
Con todo, la forma más sencilla de evitar una reclamación es comunicar cualquier novedad al servicio de dependencia de la comunidad autónoma en cuanto se produzca, ya sea un cambio de ingresos, de cuidador o de domicilio.