Un Juzgado de lo Social de Madrid ha condenado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid por vulneración de derechos. En concreto, se trata de una situación de discriminación hacia Maricarmen, una mujer de 73 años de edad y un 72% de discapacidad.
La sentencia reconoce una discriminación por razón de edad y discapacidad hacia esta ciudadana, negándole el acceso a una plaza residencial especializada. Además, Maricarmen tiene reconocido un grado II de dependencia y se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica.
Discriminación hacia una mujer con discapacidad en la Comunidad de Madrid
La familia de Maricarmen decidió demandar a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid por esta situación. Así, un Juzgado de lo Social de Madrid ha dado la razón a la parte demandante y ha condenado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a pagar 10.000 euros por daños morales.
Respecto a la sentencia judicial, los familiares de Maricarmen explican a Tododisca que «retrotrae las actuaciones y obliga a la Consejería de Familia a dictar nueva resolución teniendo en cuenta los antecedentes administrativos relevantes, los PIA (Programa Individual de Atención) precedentes de la Comunidad Autónoma de origen, los informes técnicos, sanitarios, psicológicos y sociales pertinentes, la trayectoria asistencial y las específicas necesidades derivadas de la discapacidad de la demandante así como su solicitud de atención residencial especializada, sin que la edad pueda operar como criterio automático de exclusión de los recursos especializados destinados a personas con discapacidad».
La resolución judicial de un Juzgado de lo Social de Madrid considera probado que se ha producido una situación de discriminación hacia una ciudadana por razón de edad y discapacidad, negándole al acceso a una plaza residencial especializada.
Por otro lado, es preciso aclarar que existe una medida cautelar de asignación provisional de una plaza pública-concertada en la misma residencia para proteger la relación de pareja de Maricarmen con otro residente también con discapacidad intelectual. Esta medida cautelar no se ha ejecutado por recurso se la Consejería que aún no se ha resuelto doce meses después.
CERMI Madrid exige acabar con los límites de edad excluyentes
Los familiares de esta ciudadana de 73 años con discapacidad aseguran que es la única sentencia, desde la STC 3/2018, que condena a una Administración por discriminar a una persona con discapacidad en el acceso a una residencia especializada». En cualquier caso, se trata de una sentencia judicial que no es firme, por lo que cabe recurso por parte de la Administración.
En relación a esta sentencia judicial, desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) han reclamado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que se elimine «la exclusión de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo del acceso a recursos residenciales especializados por razón de su edad».
Finalmente, desde el CERMI Comunidad de Madrid también han hecho referencia a la Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la ONU. Dicha Convención prohíbe en su artículo 5 cualquier discriminación por motivos de discapacidad, y también reconoce en su artículo 19 el derecho a decidir dónde y con quién vivir. En relación a este caso, desde el CERMI Comunidad de Madrid concluyen que «aplicar un tope de edad rígido contradice ambos principios».