Un menor diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con trastorno de conducta ha obtenido el reconocimiento de un grado de discapacidad del 65% y de movilidad reducida. Para ello, su familia ha tenido que presentar una reclamación administrativa con el apoyo de una abogada especialista en la materia.
Úrsula es la madre de este menor con TEA y trastorno de conducta. Su hijo ya tenía reconocido un grado de discapacidad del 33%. Sin embargo, sus necesidades de apoyo y supervisión cada vez iban a más. Debido a esta situación, Úrsula solicitó una revisión del grado de discapacidad reconocido a su hijo.
Revisión del grado de discapacidad y movilidad reducida denegada
Para Úrsula, una de las mayores preocupaciones eran los desplazamientos en coche con su hijo. Al respecto, la abogada Marina Alaminos explica que «el menor necesita atención y supervisión constante, ya que presenta graves alteraciones conductuales, conductas de fuga y crisis que pueden poner en riesgo su seguridad y la de aquellos que le acompañan».
El problema no es que su hijo no pueda caminar, sino que no puede desplazarse con seguridad sin supervisión. Por todos estos motivos, su madre solicitó la revisión del grado de discapacidad reconocido.
Tras la correspondiente valoración, la Consejería aumentó de forma considerable el grado de discapacidad de su hijo. En concreto, reconoció al menor un grado de discapacidad del 62%, pero no reconoció la movilidad reducida.
La resolución estableció de forma específica 18 puntos en el baremo de movilidad. Sin embargo, esta puntuación no fue suficiente para el reconocimiento de la movilidad reducida. Se trata de un aspecto que era fundamental tanto para el menos como para su familia.
Reclamación previa por la vía administrativa
Ante la resolución de la Consejería, Úrsula decidió buscar apoyo en una persona especializada en la materia. Por ello, puso su caso en manos de la abogada Marina Alaminos, para que lo analizara y estudiara las posibilidades de realizar una reclamación.
«Detecté que había motivos para discutir tanto el grado de discapacidad reconocido como la valoración de movilidad reducida», afirma Marina Alaminos. Además, comenta que «la movilidad no puede valorarse únicamente atendiendo a la capacidad física para caminar. También hay que analizar las limitaciones que afectan a la posibilidad de desplazarse con seguridad».
Por todo ello, la madre de este menor y Marina Alaminos presentaron una Reclamación Previa por la vía administrativa. La defensa expuso que la valoración no recogía de manera fidedigna las limitaciones y apoyos reales del menor. Además, también se puso el foco en las necesidades de supervisión del menor durante los desplazamientos.
La Consejería estimó la Reclamación Previa y reconoció a este menor autista y con trastorno de la conducta un grado de discapacidad del 65%. Además, también le reconoció la movilidad reducida. Con esta valoración, Úrsula ya podrá solicitar la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) con titularidad para su hijo.
Alaminos concluye que «para Úrsula esta resolución significa mucho más que un aumento de tres puntos en el grado de discapacidad. Por fin se habían reconocido las dificultades que su hijo presentaba durante los desplazamientos y las necesidades de supervisión que requería».