3 de cada 10 solicitudes de dependencia de La Rioja, País Vasco y Extremadura se quedan sin prestación: la media nacional de concesión es del 81%

La Rioja, el País Vasco y Extremadura son las comunidades donde más cuesta lograr una prestación de dependencia: entre el 27% y el 30% de las personas valoradas se quedan sin un grado que dé derecho a ayuda. Así lo refleja el Sexto Observatorio de la Dependencia de Fedea, publicado el 10 de noviembre de 2026 con datos del IMSERSO hasta junio. La tasa de concesión en estos territorios se sitúa entre el 70% y el 73%, lejos de la media nacional del 81% y muy por debajo de Galicia, que aprueba el 95% de los dictámenes.

El informe, firmado por los investigadores Sergi Jiménez-Martín y Analía Viola, analiza cómo funciona el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) casi dos décadas después de la aprobación de la Ley 39/2006. Y la conclusión es clara: el código postal sigue pesando en el reconocimiento del derecho.

Dónde es más difícil obtener el grado de dependencia

Las comunidades valoran y resuelven prácticamente todas las solicitudes que reciben. A escala estatal, el 95% de los expedientes ya tiene un dictamen de grado, y en el País Vasco, La Rioja y Galicia se alcanza el 100%. El problema no está en la tramitación, sino en el resultado.

Según los datos recogidos en el Observatorio, estas son las comunidades con menos resoluciones favorables:

  • La Rioja: solo el 70% de las personas valoradas obtiene un grado con derecho a prestación. El 30% queda fuera.
  • País Vasco: 72% de resoluciones favorables y 28% sin derecho.
  • Extremadura: 73% de concesiones y 27% de solicitantes excluidos.

En el lado contrario están Galicia (95%), Canarias (89%) y Aragón (87%). Fedea atribuye estas diferencias a los criterios complementarios que aplica cada comunidad, que pueden endurecer o suavizar el reconocimiento del derecho. Es decir, dos personas con una situación parecida pueden recibir respuestas distintas según dónde vivan.

El limbo de la dependencia, en mínimos pero desigual

Superar la valoración no garantiza recibir la ayuda. Después llega el Programa Individual de Atención (PIA), el documento que concreta si la persona tendrá ayuda a domicilio, plaza residencial o una prestación económica. El tiempo entre el reconocimiento del derecho y la llegada efectiva del servicio es lo que se conoce como «limbo de la dependencia».

A junio de 2026, ese limbo afectaba a 112.002 personas, un 6% de quienes tienen el derecho reconocido. Es una cifra en torno a su mínimo histórico, frente a las 385.000 personas que esperaban en 2015. El sistema atiende ya a 1,74 millones de beneficiarios.

Con todo, el reparto vuelve a ser muy desigual. El País Vasco registra la tasa de espera más alta de España, con un 15%, seguido de Murcia y Cataluña (13%), Extremadura (12%), Baleares (11%) y La Rioja (9%). Por el contrario, Aragón (0,1%), Castilla y León (0,2%) y Galicia (0,6%) casi han eliminado la lista.

La espera tiene consecuencias graves. En el primer semestre de 2026, 8.631 personas murieron en España sin llegar a recibir su prestación. De ellas, 1.193 residían en el País Vasco, 525 en Extremadura y 107 en La Rioja.

Servicios o ayudas económicas: tres modelos distintos

En el conjunto del país, el 59% de las prestaciones son servicios profesionales (teleasistencia, ayuda a domicilio o residencias) y el 41% son ayudas económicas, sobre todo la prestación por cuidados en el entorno familiar (31%). Sin embargo, las tres comunidades con mayor criba siguen caminos muy diferentes:

  • La Rioja apuesta por los servicios, que suponen el 85% de sus prestaciones. Destacan la teleasistencia (29,5%), la ayuda a domicilio (24,4%) y la atención residencial (15%).
  • Extremadura destina más del 61% a prestaciones económicas, con un peso muy alto de la prestación vinculada al servicio (44,4%). La ayuda a domicilio apenas llega al 2%.
  • País Vasco combina ambos modelos: el 37,1% son cuidados en el entorno familiar, el 27% teleasistencia y el 12,4% plazas residenciales.

Más dinero estatal y un 50% blindado por ley

El gasto público en dependencia alcanzó en 2025 los 13.991,5 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior, según el análisis del informe. Pero la mayor parte la siguen pagando las comunidades: el Estado aportó de media solo el 27%. En La Rioja, la Administración General del Estado cubre el 40% del gasto regional; en Extremadura, el 27%, y en el País Vasco, apenas el 15%.

Para corregir esa infrafinanciación, 2026 ha traído dos cambios relevantes. El Real Decreto-ley 17/2026 ha duplicado las cuantías del nivel mínimo que paga el Estado: el Grado II pasa de 130 a 260 euros al mes y el Grado III, de 290 a 660 euros. La aportación estatal subirá hasta los 7.239 millones de euros en 2027. Asimismo, la reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso el 16 de septiembre de 2026 obliga al Estado a financiar al menos el 50% del coste del sistema.

España sigue lejos de Europa

A pesar de este impulso, España dedica alrededor del 1% de su PIB a cuidados de larga duración, frente al 1,9% de media de la OCDE, según recoge el informe completo de Fedea. Países como Países Bajos, Suecia o Dinamarca destinan entre el 2,7% y el 4,2%.

El reto para los próximos años, por tanto, no es solo reducir las esperas, sino lograr que un derecho reconocido por ley se aplique con criterios similares en todo el territorio. Mientras eso no ocurra, vivir en una comunidad u otra seguirá marcando la diferencia entre recibir una ayuda o quedarse sin ella.