La incapacidad permanente, una prestación clave para miles de trabajadores que ya no pueden desempeñar su actividad profesional, atraviesa una de sus etapas más restrictivas en España. Según advierten desde Fidelitis, despacho especializado en incapacidad laboral, más del 95% de las solicitudes acaban siendo archivadas o denegadas en la fase administrativa, sin que el trabajador logre el grado de incapacidad solicitado.
Desde Fidelitis explican que este dato no es casual ni aislado, sino el reflejo de un sistema que ha endurecido notablemente sus criterios. “Sobre el papel contamos con una legislación avanzada y garantista, pero la aplicación práctica es cada vez más restrictiva”, señalan sus expertos, que alertan del impacto económico y social que estas decisiones tienen sobre miles de familias.
Un procedimiento cada vez más técnico, según Fidelitis
Tal y como detalla Fidelitis, el organismo encargado de valorar estas solicitudes es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que emite sus resoluciones a partir del dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades. Sin embargo, el despacho subraya que la mayoría de los expedientes se archivan por cuestiones formales o por una incorrecta interpretación médica de las secuelas, no por la inexistencia real de una limitación laboral.
Desde el despacho de abogados insisten en que la clave no está en el diagnóstico, sino en cómo esas dolencias afectan a la capacidad funcional del trabajador. Una misma enfermedad puede dar lugar a resoluciones muy distintas dependiendo de cómo se documenten las secuelas. “En muchos casos, una sola frase mal planteada en un informe médico puede arruinar toda la solicitud”, explican desde el despacho.
La falta de reclamaciones agrava el problema
Otro aspecto que Fidelitis destaca como determinante es que un porcentaje muy elevado de personas no recurre la denegación administrativa. El desconocimiento del proceso, el miedo a enfrentarse a la Administración o la complejidad de los plazos provoca que muchos trabajadores pierdan definitivamente un derecho que podría haberse reconocido.
Según los abogados, esta renuncia es especialmente grave porque una parte muy significativa de las incapacidades permanentes se conceden finalmente por la vía judicial, cuando el caso se plantea con una estrategia médica y jurídica sólida desde el inicio. “El error está en pensar que una denegación administrativa es el final del camino”, señalan.
| Aspecto clave | Datos aportados por Fidelitis |
|---|---|
| Solicitudes archivadas | Más del 95% |
| Principal causa | Errores formales y mala documentación |
| Criterio decisivo | Valoración de secuelas |
| Alternativa eficaz | Reclamación judicial |
Los abogados de Fidelitis reconocen que las novedades introducidas en 2025, como la digitalización de expedientes o la actualización de criterios de valoración, pueden mejorar la transparencia del sistema. No obstante, advierten de que seguirán existiendo obstáculos si el trabajador no cuenta con asesoramiento especializado desde el primer momento.
“El derecho existe, pero hay que saber defenderlo”, concluyen, insistiendo en que la Administración no debería aferrarse a errores mínimos para denegar prestaciones que están legalmente reconocidas y que resultan esenciales para la protección de los trabajadores más vulnerables.
