La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para un hombre de unos 60 años al que acusa de haber cobrado durante 22 años la pensión de viudedad de su madre, fallecida en marzo de 1996, un cobro indebido que supera los 200.000 euros. Así consta en el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso la agencia Europa Press. El procesado se sentará en el banquillo el próximo mes de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, acusado de un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.
Cabe recordar que se trata todavía de una acusación provisional: será el tribunal el que decida si los hechos quedan probados, y hasta entonces rige la presunción de inocencia del procesado.
Una cuenta compartida y un fallecimiento que nunca se comunicó
Según el relato de la Fiscalía, la madre del acusado era beneficiaria de una pensión de viudedad que percibía mensualmente en su cuenta bancaria y falleció en marzo de 1996. A partir de ese momento, sostiene el Ministerio Fiscal, su hijo no informó del fallecimiento a la Tesorería General de la Seguridad Social y trasladó el abono de la prestación a una cuenta cuya titularidad compartía con su progenitora.
Con esa operación, siempre según el escrito de acusación, el procesado se «apoderó» de las mensualidades desde la muerte de su madre en 1996 hasta diciembre de 2018. En total, 22 años de cobros con un perjuicio para la Seguridad Social que la Fiscalía cifra en 210.210 euros.
Es decir: el sistema siguió abonando cada mes una prestación cuya titular ya no existía, porque el hecho causante que la extinguía —el fallecimiento— nunca llegó a comunicarse al organismo pagador.
Cinco años de prisión, 350.000 euros de multa y siete años sin subvenciones
Más allá de la pena privativa de libertad, el escrito de acusación detalla otras peticiones de condena para el procesado. Estas son las cuatro claves de lo que reclama la Fiscalía:
- Cinco años de prisión por un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.
- Una multa de 350.000 euros.
- Una indemnización de 168.927 euros a la Seguridad Social.
- La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.
La cifra de la indemnización no coincide con el total defraudado por un motivo concreto: parte del dinero ya ha sido reintegrado. El importe que se reclama al acusado es el que resta después de la devolución efectuada por la entidad bancaria, como detalla el propio Ministerio Fiscal.
El banco, señalado como responsable civil subsidiario
Uno de los puntos más relevantes del escrito afecta a la entidad financiera. El Ministerio Fiscal precisa que el banco tampoco comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de la mujer, y lo atribuye a que no llevó a cabo los controles pertinentes:
«Al no haber realizado los controles de vivencia oportunos»
La entidad ya ha abonado a la Seguridad Social el importe de la pensión correspondiente a los cuatro últimos años, un total de 41.282 euros. Asimismo, la Fiscalía sitúa al banco como responsable civil subsidiario en lo relativo a la indemnización que el acusado deberá abonar a la Seguridad Social si finalmente resulta condenado por la Audiencia Provincial.
En la práctica, esa figura significa que, si el condenado no puede hacer frente al pago, la responsabilidad de abonarlo recaería sobre la entidad bancaria.
Qué son los controles de vivencia y por qué son clave en este caso
Los controles de vivencia son las comprobaciones periódicas que permiten verificar que el perceptor de una prestación sigue vivo y, por tanto, que la pensión debe continuar abonándose. Son el mecanismo que evita precisamente lo que denuncia la Fiscalía en este procedimiento: que una prestación se siga ingresando durante años en una cuenta después de que su titular haya fallecido.
En este caso, según la acusación, ni el familiar comunicó la muerte ni la entidad detectó la situación, y el abono se prolongó hasta diciembre de 2018, más de dos décadas después.
Qué pasa ahora
El juicio está señalado para septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. Allí se determinará si el acusado cometió el delito continuado de fraude de prestaciones que le atribuye el Ministerio Público, si procede la indemnización reclamada y en qué medida la entidad bancaria debe responder de forma subsidiaria.
