La accesibilidad, como tantas veces se ha insistido desde el colectivo de la discapacidad, es un aspecto que debe estar presente en todos los ámbitos de la vida, dado su carácter universal. Esta medida, por supuesto, también incluye al sector de la justicia.
Por tanto, Carmen Álvarez, licenciada en Derecho y facilitadora judicial, ha explicado mediante las redes sociales (@carmencalvarez) cómo pueden participar las personas con discapacidad en un proceso judicial de manera autónoma y sin barreras que limiten ese papel activo.
En esta línea, la voluntad de personas con discapacidad debe ser siempre tenida en cuenta y respetada en cualquier parte de un proceso en el sector jurídico, adoptando las medidas y adaptaciones necesarias para cada parte interesada.
Personas con discapacidad en un proceso judicial
Antes de nada, es importante destacar que las personas con discapacidad, como cualquier otro colectivo, tiene derecho a la libre participación en cualquier causa judicial. En caso de requerir asistencia de una tercera persona, se adoptarán las herramientas necesarias para su disposición.
Así, Carmen Álvarez, facilitadora judicial, se perfila como una profesional que trabaja en los ajustes razonables a las personas con discapacidad para que se enfrenten en los juzgados o en cualquier otro trámite a los aspectos que deban acometer con la premisa de que sean capaces de entender «lo que van a hacer».
Por tanto, Álvarez destaca que «la voluntad de la persona con discapacidad, sus deseos y preferencias se tienen en cuenta ante cualquier procedimiento judicial, y se le deben dar los apoyos para que tome sus propias decisiones».
Del mismo modo, la letrada asegura que «el acceso a la justicia es un derecho de todos». Incluso, menciona que «tras las últimas reformas de la Constitución y sobre las que introdujo la Ley 8/2021, el sistema ha cambiado radicalmente«.
Estas modificaciones incluyen la supresión de la antigua ‘incapacitación’ y se da paso a un modelo basado en el respeto y el apoyo personalizado«, teniendo en cuenta las necesidades individuales de personas con discapacidad a la hora de abordar cualquier proceso judicial.
Ajustes razonables
Para que el acceso de las personas con discapacidad a la justicia sea una realidad y no una simple teoría, Carmen Álvarez hace referencia a los llamados ajustes razonables: «Son adaptaciones a la medida de cada persona para que comprenda y participe en su proceso judicial sin barreras«.
En esta línea, adoptar estas medidas es especialmente relevante y «crítico» en la jurisdicción penal, donde la figura del facilitador judicial es de carácter obligatorio. De hecho, insiste la profesional, «el primer derecho de cualquier persona frente a un proceso penal es el derecho a la información«.
Acto seguido, subraya que «sin los ajustes razonables necesarios, es imposible comprender el proceso y ejercer el derecho de defensa en condiciones de igualdad».
Finalmente, desde su papel como facilitadora judicial, Álvarez asevera que su trabajo consiste en acompañar y brindar ayuda e información «a las personas con discapacidad para exigir y diseñar estos apoyos» en cualquier área de la justicia en el que estén inmersos.
