Julia, una mujer que trabajaba como dependienta, ha obtenido el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta a través de la vía judicial por Sensibilidad Química Múltiple grado III. Además, tenía reconocida una discapacidad del 96%.
El caso de esta trabajadora es muy particular, tal y como indica la abogada Marina Alaminos a través de su cuenta oficial de Instagram (@marinaalaminos). «Julia no podía salir a la calle sin enfermar. Perfumes, productos de limpieza, humo… cualquier exposición le provocaba síntomas», expone Alaminos.
Sensibilidad Química Múltiple grado III y discapacidad del 96%
Julia trabajaba como dependienta y estaba expuesta al público constantemente. De repente, su cuerpo comenzó a reaccionar de un modo diferente. Cada exposición tenía consecuencia y generaba en Julia malestar, dolor y reacciones físicas constantes.
Lo que eran molestias en un principio acabó derivando en un diagnóstico de Sensibilidad Química Múltiple grado III. Se trata de una patología que limita el contacto de la persona con el entorno. Además, Julia también presentaba el siguiente cuadro clínico:
- Problemas de visión.
- Pérdida auditiva.
- Mareos constantes.
- Inestabilidad.
Todas estas enfermedades le afectaban en su vida diaria y también en su actividad profesional. Con el paso del tiempo Julia se vio obligada a dejar de trabajar, ya que cualquier exposición con el entorno tenía consecuencias graves para su estado de salud.
Entonces decidió solicitar la incapacidad permanente por su cuenta. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a pesar de su situación clínica, le denegó la solicitud de incapacidad permanente. Julia tiró la toalla y optó por no seguir luchando.
Incapacidad permanente absoluta por la vía judicial
Años después, Julia volvió a intentar la incapacidad permanente. En esta ocasión decidió ponerse en contacto con Marina Alaminos, abogada especialista en incapacidad laboral. Al acudir a este despacho de abogados, Julia llevaba varios años sin trabajar y le habían reconocido una discapacidad del 96%.
Según explica la abogada Marina Alaminos, «estaba desesperada, viviendo con lo mínimo, angustiada, perdida y sin saber qué hacer». Esta profesional analizó el caso de Julia y determinó que cumplía los requisitos para obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta. Por ello, optaron por luchar la incapacidad permanente por la vía judicial.
Con informes médicos actualizados y una discapacidad del 96% reconocida, el INSS volvió a denegar la solicitud de incapacidad permanente por la vía administrativa. Ante la incredulidad de la abogada Marina Alaminos, la Seguridad Social también rechazó la Reclamación Previa.
En cualquier caso, la abogada lo tenía claro y acudieron a la vía judicial. «Defendimos que las patologías eran crónicas, graves e irreversibles. Y que su capacidad laboral era nula», argumenta Alaminos.
Con todo ello, el juez determinó que esta ciudadana cumplía con todas las condiciones para cobrar una incapacidad permanente absoluta, con una pensión equivalente al 100% de su base reguladora. «La sentencia fue clara: Julia no podía trabajar en ningún empleo», concluye la abogada especializada Marina Alaminos.
Muchos trabajadores y trabajadoras, al igual que Julia, tiran la toalla tras una denegación de la incapacidad permanente por la vía administrativa. Sin embargo, es posible obtener la incapacidad permanente a través de la vía judicial, a pesar del criterio inicial de la Seguridad Social en el proceso.
