El Estado aporta ya a las comunidades autónomas 90 euros al mes por cada persona con Grado I de dependencia, 260 euros por cada una con Grado II, 660 euros por cada persona con Grado III y 4.930 euros por quienes tienen reconocido el nuevo Grado III+. Así lo establece el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, publicado en el BOE el 24 de junio, cuyas nuevas cuantías se aplican a las prestaciones devengadas desde el 1 de julio de 2026.
Se trata del llamado nivel mínimo de protección garantizado, la parte de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que pone la Administración General del Estado. Es decir, es dinero que llega a cada comunidad, no un pago directo en la cuenta del beneficiario.
Cuánto aporta el Estado por cada grado de dependencia
El texto del BOE modifica la disposición adicional centésima sexta de la Ley de Presupuestos de 2023, prorrogados para 2026, y deja el cuadro de importes mensuales de esta manera:
- Grado I, dependencia moderada: 90 euros al mes, frente a los 76 anteriores (un 18% más). Corresponde a personas que necesitan ayuda al menos una vez al día para las actividades básicas.
- Grado II, dependencia severa: 260 euros al mes, el doble que los 130 previos. Abarca a quienes requieren apoyo dos o tres veces al día, sin necesidad de un cuidador permanente.
- Grado III, gran dependencia: 660 euros al mes, frente a 290, una subida del 128%. Es el caso de las personas que necesitan ayuda continua durante todo el día.
- Grado III+, dependencia extrema: 4.930 euros al mes, una cuantía propia sin precedente, porque esta categoría no existía hasta octubre de 2025.
Si analizamos los datos, el mayor esfuerzo se concentra en los grados más altos, donde la intensidad de cuidados y el coste de los servicios es mayor. Cabe recordar que, según el propio real decreto-ley, en mayo de 2026 casi 1,7 millones de personas (1.682.785) recibían alguna prestación o servicio del sistema.
Por qué la subida no llega igual a todas las familias
Este es el punto que más dudas genera. Que el Estado aporte 660 euros por una persona con gran dependencia no significa que esa persona vaya a cobrar 660 euros. Lo que recibe cada beneficiario depende de tres factores:
- El tipo de prestación reconocida: prestación para cuidados en el entorno familiar, prestación vinculada al servicio, asistencia personal, ayuda a domicilio o centro de día, entre otras.
- Su capacidad económica, que tiene en cuenta renta y patrimonio.
- Lo que aporte su comunidad autónoma, que gestiona la dependencia y puede sumar fondos propios por encima del mínimo estatal.
En el caso de los cuidadores familiares, los importes máximos de la prestación económica que fija el Real Decreto 675/2023 siguen siendo de 180 euros para el Grado I, 315,90 euros para el Grado II y 455,40 euros para el Grado III, según recoge Telecinco. La mejora del nivel mínimo no los eleva de forma automática. En cambio, sí da margen a las comunidades para ampliar servicios, reducir listas de espera o mejorar sus propias ayudas. Cada una lo hace a su ritmo, como ya explicamos en el caso del Grado III.
El Grado III+, pensado para la ELA avanzada
La cifra más llamativa es la del Grado III+. Esta categoría de dependencia extrema se creó con el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, que desarrolla la ley ELA, y se dirige a personas con procesos irreversibles de alta complejidad, como la esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada.
Estos pacientes necesitan atención las 24 horas, personal especializado y apoyo tecnológico, por ejemplo para la respiración. De ahí que la aportación estatal multiplique por más de siete la del Grado III. Asimismo, responde a una reivindicación de años de las asociaciones de pacientes y familias con ELA, que pedían un trato diferenciado dentro del sistema.
Qué puede cambiar a partir de ahora
Con todo, el efecto real de estas cifras dependerá de cómo cada comunidad traslade la nueva financiación a sus servicios y prestaciones. Las familias que quieran saber cuánto les corresponde deben consultar la resolución de su programa individual de atención y la normativa de su comunidad, ya que es ahí donde se concreta el importe final.