Marina Alaminos, abogada, ha desvelado el caso de Mónica, una ciudadana a la que la Administración le negaba el aumento del grado de discapacidad ajustado a su nueva realidad. Tras un proceso judicial, el Juez le otorgó un grado de discapacidad del 65%.
Mónica es una mujer que tenía reconocido un grado de discapacidad del 53% desde hacía años. Sin embargo, su enfermedad comenzó a empeorar y su situación cambió por completo. Cada vez tenía más limitaciones en el día a día.
La Administración solo subió dos puntos su grado de discapacidad
Esta ciudadana cada vez sentía más dolor en las piernas y ya no podía caminar con muletas, por lo que tuvo que empezar a utilizar una silla de ruedas para desplazarse. Su situación había cambiado de manera considerable desde el momento en el que la Administración le reconoció un grado de discapacidad del 53%.
«Cada salida de casa requería planificación, muchas actividades tuvieron que adaptarse y empezó a depender de otras personas para cosas que antes hacía sola. Su autonomía había disminuido de forma muy importante», asegura la abogada Marina Alaminos.
Además, el deterioro físico también tuvo consecuencias en el plano psicológico y emocional para Mónica. La pérdida de autonomía y la necesidad de depender de otras personas para realizar muchas actividades acabaron derivando en un importante cuadro depresivo.
Ante esta situación de empeoramiento, Mónica decidió solicitar una revisión de su grado de discapacidad, con el objetivo de que la Administración le reconociera, al menos, un grado de discapacidad del 65%.
La Consejería analizó su situación y determinó que su situación, efectivamente, había empeorado. Sin embargo, pasó únicamente de un grado de discapacidad del 53% al 55%. Solo subieron dos puntos su grado de discapacidad.
Mónica recurrió por la vía judicial
Tras la revisión de su grado de discapacidad, Mónica se encontraba en una situación de desesperación e incertidumbre. Por ello, decidió poner su caso en manos de la abogada Marina Alaminos.
«Cuando revisé la nueva resolución y comparé su situación actual con la de años atrás, tuve claro que el 55% de discapacidad no reflejaba el verdadero agravamiento de Mónica», manifiesta Alaminos.
La realidad es que Mónica había perdido mucha autonomía, dependía de otras personas y necesitaba una silla de ruedas para poder desplazarse. Por este motivo, Marina Alaminos presentó una Reclamación Previa sobre la revisión del grado de discapacidad por la vía administrativa.
A pesar de ello, la Administración no cambió su decisión y mantuvo el grado de discapacidad del 55% para Mónica. La única opción que quedaba era luchar por el grado de discapacidad a través de la vía judicial.
Marina Alaminos desmontó la decisión de la Administración en el juicio y demostró que Mónica ya no era la misma de años atrás. Al respecto, comenta que «había pasado de utilizar muleta a necesitar una silla de ruedas, había perdido autonomía, dependía de otras personas y además sufría un importante deterioro emocional. Todo ese agravamiento debía valorarse en conjunto».
Finalmente, el juez del caso aceptó la reclamación y reconoció a Mónica un grado de discapacidad del 65%. El grado de discapacidad es fundamental y, en este caso, Mónica podrá acceder a más ayudas, beneficios y prestaciones acordes a su situación.