La vivienda se ha convertido en el gran cuello de botella de la vida independiente en España. Lo ha resumido Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI, en declaraciones recogidas por El Español: «muchas personas con discapacidad aún no pueden elegir libremente dónde y con quién vivir». La cifra que sostiene ese diagnóstico es del INE: 96.243 personas tienen dificultades para algo tan básico como entrar o salir de su propio domicilio, y el plazo legal que obligaba a que los edificios fueran accesibles venció en 2017.
Villarino sitúa la cuestión por encima del confort. Para la directora ejecutiva del comité, la vivienda digna es «ahora el gran asunto pendiente para las personas con discapacidad en España» y funciona como «el pilar básico para la autonomía y la vida independiente». Es decir: sin casa accesible no hay estudios, ni empleo, ni vida social, por muchas otras políticas que se desplieguen alrededor.
Un plazo que caducó hace nueve años
La normativa española fijó 2017 como fecha límite para que los edificios existentes cumplieran las condiciones básicas de accesibilidad. Nueve años después, ese vencimiento sigue siendo el argumento jurídico más incómodo del sector: no se discute si hay que adaptar los inmuebles, sino por qué no se ha hecho ya.
Cabe recordar que la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada en 2024, sustituyó la vieja redacción por un mandato de autonomía y de inclusión de las personas con discapacidad. La Ley de Propiedad Horizontal ya obliga a las comunidades de vecinos a acometer determinadas obras de accesibilidad sin necesidad de votación previa cuando concurren los supuestos legales, un cambio que ha reducido el número de juntas capaces de bloquear una rampa o un ascensor.
El baño, el portal y la calle: dónde se levanta el muro
Los datos del INE que recoge el reportaje permiten localizar el obstáculo con precisión. Además de las 96.243 personas que no pueden entrar o salir de la vivienda con normalidad, hay 71.604 que encuentran obstáculos dentro del cuarto de baño y 165.441 que declaran problemas de movilidad en el exterior del edificio, es decir, en el tramo que separa el portal de la acera.
El retrato general es todavía más amplio. En España viven más de cuatro millones de personas con discapacidad, de las cuales 308.351 presentan una discapacidad de movilidad, 317.011 tienen dificultades de autocuidado y 311.043 encuentran limitaciones en la vida doméstica. Son magnitudes que explican por qué un peldaño de veinte centímetros deja de ser un detalle constructivo para convertirse en una frontera.
Más mujeres y más mayores de 80 años
Si analizamos los datos por perfil, la barrera no se reparte de forma homogénea. El reportaje detalla que las dificultades de accesibilidad en el hogar afectan a 233.121 mujeres frente a 124.774 hombres, y que más de 232.500 de las personas afectadas superan los 80 años. La combinación de longevidad y parque inmobiliario envejecido concentra el problema en quienes menos margen tienen para mudarse.
A ese cuadro se suma el precio. Adaptar un portal, instalar un elevador o reformar un baño exige un desembolso que muchas economías domésticas no pueden asumir sin apoyo público, de ahí que acreditar un grado de discapacidad del 33 % dé prioridad en el acceso a la vivienda protegida en la mayoría de convocatorias autonómicas.
Qué puede cambiar a corto plazo
La vía más rápida sigue siendo la comunitaria. Cuando la obra la reclama una persona con discapacidad o mayor de setenta años y su coste no supera los límites que fija la ley, la Ley de Propiedad Horizontal permite instalar un ascensor sin el acuerdo de la junta, y los tribunales vienen respaldando esa lectura frente a las comunidades que se niegan.
Con todo, el punto que subraya el CERMI no es técnico sino de derechos: mientras el domicilio siga siendo el primer muro, el resto de la política de discapacidad se aplica sobre personas que no han podido decidir dónde viven. El reportaje de El Español lo formula sin rodeos al recoger la posición de Villarino: la vivienda es hoy el asunto pendiente, y el plazo para resolverlo se agotó hace casi una década.