El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha valorado de forma muy positiva la entrada en vigor de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, pero ha advertido de que la norma carece de la financiación necesaria para cumplirse en la práctica. Así lo ha trasladado este lunes 26 de octubre en un comunicado en el que su vicepresidenta, Mar Ugarte, reclama que los nuevos derechos lleguen acompañados de «recursos, servicios y apoyos reales». La ley, que reforma la normativa de discapacidad y la de dependencia, está vigente desde el 23 de octubre de 2026 tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Para el CEDDD, el texto supone un avance histórico para las personas con discapacidad, en situación de dependencia y las personas mayores. Es decir, la entidad entiende que la ley afianza un modelo que pone a la persona en el centro, apoyado en los derechos humanos, la autonomía y la inclusión.
La accesibilidad pasa a ser un derecho que se puede exigir
El cambio que más destaca la organización es que la accesibilidad universal deja de ser una simple aspiración y se convierte en un derecho exigible. En la práctica, esto significa que las administraciones públicas tendrán la obligación efectiva de garantizarla, y no solo de promoverla.
Asimismo, el CEDDD celebra el impulso a la accesibilidad cognitiva y las medidas para eliminar barreras de todo tipo. Entre las principales novedades que subraya la entidad figuran:
- El reconocimiento de la accesibilidad universal como derecho exigible ante las administraciones.
- La eliminación de barreras físicas, sensoriales, cognitivas y digitales.
- El refuerzo de los apoyos personalizados para favorecer la vida independiente y que las personas puedan seguir viviendo en su entorno.
- La creación del Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal.
- Medidas específicas para proteger a mujeres, niñas y niños con discapacidad, colectivos con mayor riesgo de sufrir discriminación.
Menos papeleo gracias a la equiparación entre dependencia y discapacidad
Otro de los puntos que la entidad considera especialmente positivos es la equiparación entre determinados grados de dependencia y de discapacidad. Según el CEDDD, esta medida reducirá trámites y facilitará el acceso a prestaciones, beneficios y derechos.
Cabe recordar que, de acuerdo con la norma, quienes tengan reconocido un grado I de dependencia pasan a tener asimilado un 33 % de discapacidad, y quienes tengan un grado II o III, un 65 %, aunque podrán pedir igualmente que se valore su grado real. Dicho de otro modo, muchas familias ya no tendrán que pasar por dos procesos de valoración distintos para acceder a ayudas vinculadas a la discapacidad.
El gran reproche: una ley sin memoria económica suficiente
A pesar de ello, el CEDDD insiste en que el éxito de la reforma dependerá de cómo se desarrolle y aplique en todo el país. La entidad recupera así una reclamación histórica del sector: los derechos reconocidos por ley necesitan una financiación suficiente, estable y finalista, es decir, dinero reservado específicamente para ese fin.
La organización lamenta que, una vez más, la aprobación de nuevos derechos no haya ido acompañada de una memoria económica que asegure su ejecución. Por el contrario, alerta de que la falta de recursos puede provocar desigualdades entre territorios y convertir algunos avances en promesas difíciles de cumplir para las familias.
«Las personas con discapacidad y sus familias no necesitan únicamente buenas leyes; necesitan recursos, servicios y apoyos reales que permitan ejercer esos derechos en igualdad de condiciones».
Ugarte ha reconocido que la entidad celebra una ley que «amplía derechos y refuerza la accesibilidad, la autonomía personal y la vida independiente», pero ha sido tajante al señalar que «no podemos seguir aprobando derechos sin garantizar al mismo tiempo la financiación necesaria para hacerlos efectivos».
Disposición a colaborar con las administraciones
Con todo, el CEDDD ha tendido la mano a las administraciones públicas y al resto de agentes sociales para impulsar el desarrollo de la norma. Su objetivo, reitera, es que los avances se traduzcan en mejoras tangibles para las personas con discapacidad, en situación de dependencia, las personas mayores y sus familias, vivan donde vivan. La pelota queda ahora en el tejado de las administraciones, que deberán concretar con qué recursos se pondrá en marcha la reforma.