La reforma de la Ley de Dependencia, aprobada mediante la Ley 4/2026, de 1 de octubre, y en vigor desde el 23 de octubre, cambia por completo la definición del servicio de atención residencial. Las residencias dejan de concebirse como centros asistenciales y pasan a definirse como un lugar para vivir, con un entorno hogareño y conectado con la comunidad.
El propio preámbulo de la ley habla de la necesidad de «superar la cultura asistencialista» y de avanzar hacia un modelo de cuidados basado en el enfoque de derechos y centrado en las personas.
La nueva definición de residencia
El nuevo artículo 25 de la Ley 39/2006 establece que el servicio de atención residencial tendrá por finalidad «ofrecer un lugar para vivir en un entorno de confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con plena participación en la comunidad».
La ley añade que se prestará una atención integral, que combine de forma coordinada los apoyos y cuidados que precise la persona «para el desarrollo de un proyecto de vida independiente y con significado, poniendo en el centro de la atención sus valores personales, preferencias, derechos e intimidad«.
Estancias temporales para que la familia descanse
La norma mantiene dos modalidades del servicio residencial:
- Permanente: cuando la residencia se convierte en el domicilio habitual de la persona.
- Temporal: para estancias de convalecencia, durante vacaciones, fines de semana y enfermedades, o en los periodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.
Esta última modalidad, conocida como estancia de respiro, es clave para las familias que cuidan en casa a una persona dependiente y necesitan unos días de descanso o atender una situación imprevista.
Un cambio de modelo, en línea con la Estrategia de cuidados
Según el preámbulo de la ley, se reconfigura el servicio de atención residencial para que ofrezca un entorno de vida hogareño e inclusivo, «que conecte a las personas en situación de dependencia con la comunidad, facilitándoles el desarrollo de su proyecto de vida independiente y, por tanto, para que todas las personas tengan una vida con sentido».
Esta orientación se adapta a la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad y al Acuerdo del Consejo Territorial de 28 de junio de 2022 sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros.
Más derechos para las personas residentes
La nueva definición se completa con otras medidas de la reforma que afectan directamente a las residencias. Entre ellas, la prohibición de las sujeciones físicas, mecánicas y farmacológicas salvo en casos de urgencia vital, y la obligación de que el copago deje a la persona una cantidad mínima para sus gastos personales.
Además, la ley crea un nuevo servicio de cuidados y apoyos en viviendas, como alternativa a la residencia tradicional para quienes quieran vivir en pisos o casas ordinarias con apoyos. Las comunidades autónomas, que gestionan las plazas residenciales, deberán adaptar ahora su normativa de acreditación de centros a este nuevo modelo.