Es una de las situaciones más delicadas para cualquier familia cuidadora. La persona dependiente fallece y, junto al duelo, llega la incertidumbre: ¿qué ocurre con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar de ese mes? Hasta ahora, la respuesta variaba según la comunidad autónoma. La Ley 4/2026 lo deja por escrito para todo el país.
La regla nueva: se cobra el mes completo
El nuevo artículo 29.4 de la Ley 39/2006 establece que, en caso de fallecimiento de la persona en situación de dependencia, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se abonará hasta el último día del mes en que se produce el deceso. Es decir, no se prorratea por días. Si la persona fallece el día 5, el mes se paga entero.
Muchas familias se encontraban con reclamaciones de cobro indebido por los días posteriores al fallecimiento. En algunos casos, la administración pedía devolver parte de la última mensualidad. La nueva redacción da seguridad jurídica y reconoce que los cuidados de ese mes ya se han prestado.
¿Se aplica a otras prestaciones?
La ley lo menciona de forma expresa solo para la prestación para cuidados en el entorno familiar. No dice lo mismo para:
- La prestación económica vinculada al servicio.
- La prestación de asistencia personal.
- La nueva prestación de cuidados y apoyos en viviendas.
En esos casos habrá que estar a lo que regule cada comunidad autónoma.
¿Y los atrasos pendientes?
Los atrasos que la administración debiera a la persona fallecida no desaparecen. Forman parte de su herencia y pueden reclamarlos los herederos, según la normativa autonómica.
Conviene comunicar el fallecimiento cuanto antes a los servicios sociales y pedir por escrito la liquidación de lo pendiente.
Qué debe hacer la familia
- Comunicar el fallecimiento al órgano gestor de la dependencia de tu comunidad.
- Aportar el certificado de defunción si te lo piden.
- Comprobar que se abona la mensualidad completa del mes del fallecimiento.
- Solicitar, si existen, los atrasos reconocidos y no pagados.
La Ley 4/2026 entró en vigor el 23 de octubre de 2026, veinte días después de su publicación en el BOE.