El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha valorado positivamente, el 14 de julio de 2026, la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, aunque advierte de que la nueva norma no garantiza por sí sola la transformación efectiva del sistema. La organización reconoce el refuerzo económico aprobado por el Gobierno —6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, recogidos en el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio— pero reclama un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que blinde la estabilidad, la equidad territorial y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Las claves de la reforma de discapacidad y dependencia
Sobre el papel, la nueva ley supone un cambio significativo en la concepción de los cuidados, al reforzar la autonomía personal, la vida independiente, la accesibilidad y la atención basada en los derechos de las personas. CEDDD destaca especialmente:
- La universalización de la teleasistencia.
- La ampliación de la asistencia personal.
- La compatibilidad de prestaciones y servicios.
- El reconocimiento de nuevos modelos de cuidados.
- El refuerzo de la accesibilidad universal como derecho exigible.
Más de 6.000 millones de refuerzo, pero no basta
El Consejo también celebra el esfuerzo presupuestario del Ejecutivo: la aportación extraordinaria de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, aprobada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio ([FUENTE-EXTERNA]), era una reivindicación largamente defendida por el sector social.
Sin embargo, CEDDD recuerda que ni la aprobación de una ley ni el incremento de recursos garantizan, por sí solos, la transformación real del sistema. En palabras de la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte:
«Ahora comienza la parte más importante: convertir los derechos reconocidos en derechos efectivos y medibles para las personas.»
Los desafíos que persisten
El Consejo advierte de que el sistema sigue arrastrando importantes desafíos estructurales:
- Las listas de espera.
- Las desigualdades territoriales en el acceso a prestaciones y servicios.
- La necesidad de desarrollar nuevos recursos de apoyo.
- La falta de profesionales y la mejora de sus condiciones laborales.
«El papel lo aguanta todo», sostiene Ugarte, quien insiste en que «lo imprescindible ahora es que el despliegue de la reforma vaya acompañado de mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación» que permitan comprobar el impacto real de las medidas sobre la reducción de los tiempos de espera, la calidad de la atención, la implantación de los nuevos servicios y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por la ley.
Camino hacia un Pacto de Estado
Pese al reconocimiento a la reforma, CEDDD reitera la necesidad de avanzar hacia un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que garantice estabilidad, equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo, evitando que la atención a las personas dependa de los cambios de ciclo político o de las diferencias entre comunidades autónomas.
Asimismo, la organización defiende que España debe seguir avanzando progresivamente hacia una inversión en dependencia cercana al 2% del PIB, para responder al envejecimiento de la población, al aumento de las necesidades de apoyo y a los nuevos derechos que incorpora la reforma. Con todo, CEDDD seguirá defendiendo que el desarrollo normativo preserve la libertad de elección de las personas, la pluralidad de recursos y modelos de atención, y la seguridad jurídica de todos los agentes del sistema, incluidos los Centros Especiales de Empleo.
De esta forma «la reforma abre una oportunidad relevante para modernizar el sistema», concluye Mar Ugarte, quien añade que «ahora debemos garantizar que las expectativas generadas se traduzcan en mejoras tangibles» para las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias. El foco, a partir de ahora, se traslada al despliegue reglamentario y a la capacidad de las comunidades autónomas para aplicar la norma de forma homogénea.
