La Comisión Judicial ha ejecutado este miércoles 23 de septiembre de 2026 el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que reside en el centro de Madrid y tiene reconocido un grado de discapacidad del 50%.
Después de más 70 años viviendo en esta casa, Maricarmen se ha visto obligada a salir de ella. Se trata del cuarto intento de desahucio al que se ha enfrentando esta vecina de Madrid en los últimos años, aunque en esta ocasión ha terminado por ejecutarse.
Desahuciada de su vivienda con 87 años y una discapacidad del 50%
El caso de Maricarmen ha provocado que cientos de personas se concentren en el exterior de su vivienda para impedir que sea desahuciada. De hecho, cientos de personas han dormido al raso en la madrugada de este miércoles 23 de septiembre de 2026.
A primera hora de la mañana ha llegado la Comisión Judicial para ejecutar el desahucio de esta ciudadana de 87 años. Además, agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir para dispersar a la muchedumbre que se ha hacinado en la puerta de la vivienda de Maricarmen.
Hasta el último momento, los abogados de Maricarmen han intentado parar el desahucio. De hecho, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha manifestado que ha estado «una hora negociando con la comisión y la propiedad, Urbagestión». A pesar de ello, se han negado a suspender el desahucio, rechazando cualquier alternativa. Además, asegura que no le han dado ni una hora a esta vecina para que pueda recoger sus cosas.
Durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre de 2026 se han vivido momentos de tensión en el entorno del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, especialmente entre las personas que han tratado de paralizar el desahucio y la Policía Nacional.
El caso de Maricarmen, vecina de Madrid
El padre de Maricarmen firmó en el año 1956 un contrato de arrendamiento para esta vivienda. Tras su fallecimiento, el contrato de alquiler su subrogó a su esposa y, posteriormente, pasó a Maricarmen.
Así, Maricarmen se subrogó en el contrato de arrendamiento en las mismas condiciones. Es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC (Índice de Precios al Consumo), más otros gastos como el IBI. Se trata de un documento conocido popularmente como contrato ‘de renta antigua’.
En primera instancia, los tribunales le dieron la razón a Maricarmen. Sin embargo, el Tribunal Supremo falló finalmente a favor del fondo de inversión. Desde que la propiedad del edificio pasara en 2019 a ‘Urbagestión’, esta ciudadana se ha enfrentado a cuatro intentos de desahucio.
Los colectivos de apoyo a Maricarmen, que han tratado de frenar el desahucio, aseguran que esta empresa ha intentado aumentar la renta del alquiler de la inquilina en un 275%.
Sin soluciones por parte de la Administración
Desde el Sindicato de Inquilinas afirman haber trasladado diferentes propuestas a las administraciones para encontrar una solución al conflicto. No obstante, denuncian no haber recibido respuesta a diversas iniciativas.
Por otro lado, aseguran que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno de España han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional para Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros.
Si bien, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido una alternativa habitacional «inmediata» a Maricarmen tras producirse la ejecución definitiva de desahucio de su vivienda.
Al respecto, Martínez-Almeida ha comentado que «si se ejecuta definitivamente ese desahucio, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid están en condiciones inmediatas de poder proporcionar un recurso asistencial y habitacional a Maricarmen para que, de manera inmediata pueda, disponer de un techo bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de recuperarse de esa situación física y psíquica en la que en estos momentos se encuentra».
El desahucio de Maricarmen, a sus 87 años y con un grado de discapacidad del 50%, ha generado un profundo debate tanto político como social en relación a las responsabilidades de las administraciones públicas en este tipo de procedimientos.
