Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad –CERMI– se ha elevado una propuesta formal ante las instituciones de la Unión Europea (UE) con el objetivo de fomentar e impulsar la contratación e inclusión laboral de personas con discapacidad.
Así, la entidad ha emitido un comunicado en el que exige a la UE ampliar «el alcance de las excepciones a las normas sobre ayudas de Estado para favorecer políticas públicas» en materia de acceso laboral del colectivo de la discapacidad, tratando de aumentar la tasa de empleo.
Del mismo modo, también se emite un mensaje sobre la necesidad de crear entornos accesibles y adaptados a posibles perfiles con discapacidad en el empleo, impulsando medidas arquitectónicas, actitudinales y léxicas, así como de diseño en todo el proceso de selección.
Un enfoque «más decidido» a la inclusión laboral
De acuerdo con la organización representativa de la discapacidad en España, este comunicado ante la Unión Europea se enmarca en el «proceso de revisión del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC)».
Esta norma «permite a los Estados miembros conceder determinadas ayudas públicas sin necesidad de autorización previa de la Comisión Europea cuando cumplen ciertas condiciones», explica CERMI. Así, se contemplan «ayudas destinadas al empleo de trabajadores desfavorecidos y de personas con discapacidad«.
En este sentido, desde la entidad sostienen que la normativa europea «debe incorporar un enfoque más decidido de inclusión social y laboral, facilitando que los poderes públicos puedan desplegar medidas de apoyo más intensas y flexibles dirigidas a la contratación, mantenimiento y promoción de personas con discapacidad«.
Así mismo, a pesar de que la legislación actual contempla «determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior«, la corporación estima que «resultan demasiado restrictivas para responder adecuadamente a las necesidades específicas de este grupo social».
Por tanto, desde CERMI aseguran que el colectivo de la discapacidad «continúa registrando tasas de actividad y empleo significativamente inferiores a las del resto de la población», una realidad que debe ser alterada en beneficio común.
Políticas de empleo inclusivo para personas con discapacidad
El CERMI ha invitado a la Comisión Europea «a aprovechar el proceso de revisión del Reglamento General de Exención por Categorías para introducir una mayor amplitud y flexibilidad en las excepciones relativas al empleo de personas con discapacidad«, precisan en un comunicado.
La petición de esta entidad reside en que «las políticas públicas puedan desplegar todo su potencial como herramienta efectiva de inclusión laboral y cohesión social». Así, ampliar las excepciones de ayudas de los estados miembros resultaría ampliamente beneficioso en esta línea.
Así, se propondrían incentivos a la contratación, ayudas al empleo con apoyo, compensación de costes adicionales asociados a la discapacidad o medidas de adaptación del puesto de trabajo o del entorno laboral, apostilla CERMI.
Finalmente, esta plataforma insiste en que reforzar las políticas de empleo inclusivo contribuye «a una economía más productiva y sostenible, al incorporar al mercado laboral el talento y las capacidades de millones de personas con discapacidad en Europa».