El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este 14 de julio de 2026 la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, una norma que actualiza el sistema de apoyos a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y que ahora pasará a tramitarse en el Senado. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha celebrado la reforma por su impulso a la autonomía personal y la vida independiente, y destaca especialmente el compromiso de superar los 7.000 millones de euros de financiación en 2027 para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
«Valoramos positivamente que esta reforma avance hacia un modelo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a decidir cómo quieren vivir y qué apoyos necesitan para desarrollar su proyecto de vida», señala el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Cabe recordar que la norma adapta la legislación al nuevo artículo 49 de la Constitución Española y a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, dos referencias que el movimiento asociativo llevaba años reclamando incorporar de forma efectiva.
Las claves de la reforma
Según explica COCEMFE, la nueva normativa introduce varios cambios que afectan directamente al día a día de las personas con discapacidad y dependencia:
- Eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia, lo que permitirá compatibilizar apoyos que antes eran excluyentes entre sí.
- Ampliación del catálogo de servicios, con nuevos modelos de apoyo orientados a la vida independiente.
- Impulso de la asistencia personal como prestación para favorecer la autonomía.
- Reconocimiento de la teleasistencia como un derecho.
- Incorporación de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal.
- Simplificación de procedimientos administrativos para reducir la burocracia que dificultaba el acceso al sistema.
Asimismo, la reforma refuerza la accesibilidad universal como un derecho exigible y amplía la protección frente a la discriminación, en desarrollo del citado artículo 49 de la Constitución.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, un cambio para el hogar
Uno de los puntos que COCEMFE subraya con más énfasis es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que facilitará la ejecución de obras de accesibilidad en edificios de viviendas y reforzará el derecho de las personas con discapacidad a permanecer en su propio hogar.
La Confederación recuerda que la falta de accesibilidad sigue siendo una de las principales barreras para la vida independiente. Los datos que maneja la organización son contundentes:
- 1 de cada 4 personas con discapacidad ha tenido que cambiar de vivienda por problemas de accesibilidad.
- Alrededor de 100.000 personas no pueden salir nunca de casa.
- 1,8 millones de personas solo pueden salir con ayuda de otra persona.
Es decir, una limitación que condiciona directamente el acceso al empleo, la educación, la atención sanitaria o la participación social.
El reto: financiación suficiente y aplicación homogénea
Con todo, COCEMFE insiste en que la aprobación en el Congreso es solo el inicio de una nueva etapa. La Confederación valora que la reforma consolide el compromiso de incrementar la financiación del SAAD, que prevé superar los 7.000 millones de euros en 2027, una partida que deberá contribuir a reducir las listas de espera y a desarrollar los nuevos derechos reconocidos por la ley.
A pesar de ello, la organización advierte de que el éxito de la norma dependerá de su aplicación efectiva por parte de todas las administraciones públicas, un aspecto que en España ha generado tradicionalmente diferencias entre comunidades autónomas en la gestión de la dependencia.
«Ahora el reto es convertir estos avances legislativos en mejoras reales para las personas. Será imprescindible desarrollar la ley con recursos suficientes, garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio y seguir fortaleciendo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para que ninguna persona vea limitado su proyecto de vida por falta de apoyos», concluye Queiruga.
La norma sigue ahora su tramitación en el Senado, último trámite antes de su entrada en vigor definitiva.
